Juez arremete contra los nombramientos de Trump en brutal disenso

Un juez del Tribunal Federal de Apelaciones de D.C. emitió una disidencia contundente en un caso sobre una disputa en curso entre el juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el juez James Boasberg, y dos jueces del tribunal de apelaciones designados por el presidente Donald Trump.

El caso involucra la batalla en curso sobre una orden judicial que Boasberg emitió en abril de 2025, exigiendo que cualquier avión que enviara migrantes desde los Estados Unidos a la prisión CECOT en El Salvador fuera devuelto. La orden supuestamente fue ignorada por la administración Trump. Boasberg ha pasado el último año tratando de llevar a cabo un procedimiento para descubrir quién tomó la decisión de ignorar la orden judicial para poder declararlos en desacato.

En dos ocasiones, los jueces del tribunal de apelaciones designados por Trump han ordenado una "suspensión" e intentado desestimar el caso. El martes, emitieron otra resolución exigiendo que se desestimara el caso, alegando que Boasberg se extralimitó en su autoridad cuando inició los procedimientos de desacato "intrusivos".

Afirman que debido a que la investigación de desacato no ha avanzado, la investigación debería terminarse por completo. La razón por la que la investigación no ha avanzado es que esos mismos jueces emitieron dos suspensiones, dejando el caso en espera durante 363 días.

En su disidencia, la jueza Michelle Childs explicó por qué el desacato judicial no solo es una ofensa pública sino un crimen y debe tratarse como tal.

"En las muchas formas en que puede cometerse, el desacato degrada el poder que el Pueblo, a través de su Constitución y el Congreso, dio a los tribunales federales. Sin el poder de desacato, el estado de derecho es una ilusión, una teoría que se sostiene sobre arenas movedizas. Porque el desacato ofende no solo la autoridad de cualquier juez que haya sido sometido a tales intrusiones, sino que también ofende nuestro sistema de gobierno. Abordar el desacato es, por lo tanto, una responsabilidad que es parte integral del deber del tribunal de interpretar y aplicar las leyes de los gobernados", escribió Childs.

Ella explicó que para sus colegas afirmar que la misión de investigación de hechos ha terminado y que Boasberg se ha extralimitado tan temprano en el proceso no se sostiene.

"No podemos juzgar con mano dura las acciones tempranas de un tribunal de primera instancia en tal procedimiento, porque el desacato judicial no se aborda por la vanidad del tribunal de distrito; se hace para preservar y hacer cumplir nuestra ley", escribió Childs.

Son sus colegas, argumentó, quienes se han extralimitado en su autoridad.

"Aquí, desafortunadamente, nos hemos extralimitado al juzgar este equilibrio de intereses", dijo Childs.

Ella explicó que ni siquiera están tomando una decisión sobre hallazgos o un juicio por desacato; solo están tratando de impedir que la investigación ocurra.

"En cambio, examinamos una orden interlocutoria de un tribunal de distrito que, independientemente de sus resoluciones en el caso subyacente, solo está tratando de comprender los eventos de un solo fin de semana en marzo, incluidas las acciones que pueden haber llevado a la violación deliberada de una de sus órdenes", escribió.

Entonces dio el golpe definitivo.

"En lugar de rechazar adecuadamente la petición actual para poner fin a la investigación fáctica del tribunal de distrito, la mayoría ha determinado que no se necesitan más hechos porque, como cuestión de derecho, los supuestos infractores simplemente no pueden haber cometido desacato", escribió Childs. "Al hacerlo, la mayoría ha obstaculizado los poderes inherentes y estatutarios del tribunal de distrito y lo ha hecho de una manera que afectará no solo estos procedimientos de desacato sino que también resonará en futuros procedimientos contra todos los litigantes. Ahora, cualquier litigante puede argumentar, basándose en su interpretación preferida de una orden judicial, que no cometió desacato antes de que se realicen incluso los hallazgos de desacato. Y ahora, en cualquier desafío donde uno pueda agitar la varita de la separación de poderes, el Gobierno sabe que puede solicitar a este tribunal un mandamus para liberarlo de tales procedimientos. No puedo estar de acuerdo con un enfoque que establece tal precedente".

Cerró diciendo: "No hay duda de que podría haber mucho que temer en una investigación fáctica sobre las acciones de posibles infractores que pueden haber desafiado una orden judicial. Sin embargo, eso no significa que este tribunal deba intervenir para poner fin a un caso criminal antes de que comience, incluso para el Poder Ejecutivo".

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