Cuando un trabajador descubre que su salario está por debajo del mínimo permitido por la ley, la primera duda que surge es qué hacer: entender si corresponde reclamar bajo la legislación federal o bajo la estatal, qué autoridad interviene y cuáles son los pasos formales para exigir el pago correcto.
El salario mínimo en Estados Unidos se basa en una estructura dual: existe un piso federal establecido por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés), pero también hay legislaciones estatales que fijan montos superiores.
De acuerdo con la información del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), el mínimo nacional es de US$7,25 por hora, vigente desde el 24 de julio de 2009. Ese valor opera como referencia para todo el país norteamericano, aunque no siempre es el monto efectivo que rige, ya que muchos estados fijan tarifas más altas.
La regla esencial es directa: cuando un empleado está alcanzado tanto por la ley federal como por una norma estatal, prevalece siempre la que otorgue mayor protección. Esto significa que si un estado fija un mínimo superior al federal, el empleador debe seguir la tarifa local. Pero si un estado no cuenta con legislación propia, o si su mínimo es inferior, entonces rige automáticamente el valor federal.
El federalismo laboral también contempla situaciones especiales. Existen salarios reducidos que pueden aplicarse a jóvenes menores de 20 años durante los primeros 90 días de empleo, a trabajadores con discapacidad certificada, a estudiantes de tiempo completo o a aprendices que participan de programas autorizados.
También hay regulaciones específicas para empleados que reciben propinas: el empleador puede pagarles una parte reducida siempre que el total de ingreso—propina más salario—alcance el mínimo de US$7,25.
La variedad estatal se aprecia con claridad cuando se observan algunos ejemplos de los valores vigentes según los datos aportados por las autoridades laborales:
Cuando un empleado detecta que percibe una remuneración inferior a la establecida por la FLSA, el organismo competente es la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo (WHD, por sus siglas en inglés). Según la información oficial, esta dependencia es responsable de “hacer cumplir algunas de las leyes laborales federales más comprensivas del país”.
Antes de enviar una denuncia formal, el DOL recomienda reunir la mayor cantidad de información posible. Cuantos más datos se aporten, más efectivo resulta el análisis del caso.
En una investigación, las quejas se manejan de forma confidencial y el empleador no puede tomar represalias por ejercer este derecho.
La presentación se realiza según un procedimiento claro:
Muchos trabajadores están sujetos a leyes locales que fijan salarios mínimos superiores al federal. En esos casos, las quejas deben presentarse ante la autoridad laboral del estado correspondiente. Aunque cada jurisdicción tiene su propio procedimiento, los ejemplos de California y Nueva York ayudan a ilustrar cómo funciona este camino.
En California, donde el salario mínimo supera ampliamente el federal, los trabajadores pueden iniciar un reclamo cuando un empleador no paga lo establecido por la normativa estatal. Según la información oficial del estado, los empleados tienen el derecho de presentar un wage claim para recuperar sueldos o beneficios adeudados.
El proceso contempla distintas modalidades:
En Nueva York, donde el mínimo varía entre US$15,50 y US$16,50, las quejas también se procesan a nivel estatal cuando el empleador viola las leyes locales. El estado exige, por ejemplo, pago adicional cuando la jornada supera determinados límites, compensación por “distribución de horas” y períodos mínimos de descanso para trabajadores residenciales.
Ante cualquier infracción vinculada al mínimo estatal, el trabajador debe realizar su denuncia ante el Departamento de Trabajo de Nueva York, que aplica procedimientos similares a los de California: análisis del reclamo, oportunidades de conciliación y audiencias cuando no hay acuerdo.


