Un juez de Familia de la provincia de Neuquén falló a favor de un bebé recién nacido que necesitaba una cirugía y cuyos padres se negaban a realizarla por motivos religiosos. El letrado Luciano Zini habilitó al equipo médico del hospital provincial Castro Rendón a practicar una intervención de urgencia pese a la oposición de los adultos, vinculada a su pertenencia a los testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones de sangre.

La resolución se dictó con el objetivo de garantizar la protección del bebé, cuyo estado requería de una intervención inmediata. Para esto, según el medio LM Neuquén, se apeló al “principio de interés superior del niño“ que asegura su derecho a la vida y a la salud, lo que incluye el acceso a los recursos médicos disponibles incluso cuando estén en conflicto con los derechos de los padres.

“Si los derechos de los niños resultan vulnerados por la acción u omisión de sus padres o de terceras personas, el Estado debe actuar restableciendo los derechos vulnerados”, sostuvo el magistrado.

El caso

El niño, de solo un día de vida, había sido trasladado de urgencia desde la localidad de San Martín de los Andes con un diagnóstico de obstrucción intestinal —un cuadro que exige cirugía inmediata— y presentaba una alta probabilidad de requerir transfusión de sangre. Tras la intervención, el menor quedó internado con riesgo de vida.

Los testigos de Jehová no aceptan transfusiones por razones religiosas, ya que, según su interpretación, la sangre representa la vida y es sagrada para Dios. De esta forma, las ven como una violación de una ley divina y una falta de respeto a Dios.

Ante la negativa de los padres del menor a este procedimiento médico, la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente de la IV Circunscripción —dirigida por Laura Lucero— promovió una "medida autosatisfactiva" para obtener una respuesta judicial urgente.

En su decisión final, tal como citó LM Neuquén, el juez Zani recordó que la responsabilidad parental otorga a los progenitores la facultad de decidir sobre la salud de sus hijos, aunque ese derecho tiene límites. Según los informes médicos, el no realizar la intervención recomendada implicaba “cierto riesgo para la vida del bebé”. El Estado debe actuar cuando los derechos de un niño se ven afectados por decisiones de sus padres.

Zani también precisó que los progenitores pueden transmitir valores, estilos de vida y preferencias, incluso en el ámbito de la salud, siempre que ello no suponga restringir el acceso del niño a cuidados médicos esenciales. Advirtió que mantener la negativa ante la intervención necesaria podría derivar en un desenlace irreversible y potencialmente fatal para el recién nacido.

“Con la negativa de los progenitores estaríamos ante la irreversibilidad de una decisión que puede ocasionar la muerte del niño, lo que obviamente no se puede permitir”, remarcó.