En días recientes, decenas de organizaciones del sector agrícola y del transporte coordinaron bloqueos en carreteras federales, aduanas y cruces fronterizos en numerosos estados del país. Sus demandas incluyeron mejores precios para los productos del campo, mayor seguridad en las vías de comunicación y, en especial, el rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) propuesta por el Ejecutivo federal. Estas movilizaciones han tenido un impacto considerable: entre 17 y 22 estados reportaron bloqueos en más de 20 a 25 puntos, ocasionando —según la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo— pérdidas económicas estimadas entre 3,000 y 6,000 millones de pesos. Los inconformes argumentan que la reforma pondría fin a la posibilidad de heredar o transferir concesiones de agua entre particulares. Señalan que el binomio tierra-agua es inseparable y que, de aprobarse la iniciativa, las concesiones se revertirían al Estado para ser reasignadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), rompiendo así su vínculo natural con la propiedad agrícola. Muchos productores afirman llevar años esperando la renovación de títulos vencidos o la autorización de prórrogas para el uso del recurso. Rechazan que, bajo la nueva legislación, estas concesiones se integren a un “Fondo del Agua” bajo control del Ejecutivo, pues temen que, pese a la promesa de procedimientos expeditos (como establece el artículo 22), toda reasignación dependa del análisis y autorización de la denominada “Autoridad del Agua”, lo cual genera una profunda incertidumbre sobre su permanencia como usuarios legales del recurso. También les preocupa la incorporación de causales para limitar el uso del agua en función de su disponibilidad o de criterios de “seguridad hídrica”, lo que podría reducir drásticamente el volumen destinado a la agricultura, especialmente en las regiones del centro y norte del país. Otro motivo de alarma es la posible pérdida de derechos por subutilización de los volúmenes concesionados o por cambios en el uso del suelo, lo que —afirman— pondría en riesgo la viabilidad de numerosas unidades de producción agrícola. Sin dejar de reconocer la legitimidad de muchas de estas inquietudes, debe también considerarse la gravedad de la situación hídrica del país. De los 653 acuíferos existentes, 114 están gravemente sobreexplotados y las 111 principales cuencas hidrográficas registran déficit. Ante este panorama, es innegable la urgencia de reformar el marco legal para transitar, en el largo plazo, hacia una gestión más sostenible del recurso. La idea de tratar el agua como mercancía ha demostrado ser ineficaz. No se cumplió la expectativa de que el mercado garantizaría un uso más eficiente. Muchas de las resistencias actuales parten de una visión del agua como bien económico transable, cuyo valor aumenta precisamente en las zonas más afectadas por la escasez. ¿Qué debe conservarse en la reforma? La indivisibilidad entre tierra y agua en el ámbito agrícola. Cuando se transmita una propiedad por compraventa o herencia, la concesión correspondiente deberá transferirse automáticamente al nuevo titular, sin necesidad de un análisis previo por parte de la Conagua. ¿Y cuándo debe intervenir la autoridad con un análisis técnico? Principalmente en la transferencia de volúmenes entre predios distintos y en cambios de uso del agua —por ejemplo, de agrícola a industrial o urbano—. En estos casos, se debe evitar que el agua deje de ser un derecho humano y pase a convertirse en mercancía. Es ahí donde la intervención regulatoria resulta legítima, ya que lo que debemos buscar es la preservación del recurso hídrico y evitar que pase a convertirse en un patrimonio particular. Columnista: Ramón AguirreImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0En días recientes, decenas de organizaciones del sector agrícola y del transporte coordinaron bloqueos en carreteras federales, aduanas y cruces fronterizos en numerosos estados del país. Sus demandas incluyeron mejores precios para los productos del campo, mayor seguridad en las vías de comunicación y, en especial, el rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) propuesta por el Ejecutivo federal. Estas movilizaciones han tenido un impacto considerable: entre 17 y 22 estados reportaron bloqueos en más de 20 a 25 puntos, ocasionando —según la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo— pérdidas económicas estimadas entre 3,000 y 6,000 millones de pesos. Los inconformes argumentan que la reforma pondría fin a la posibilidad de heredar o transferir concesiones de agua entre particulares. Señalan que el binomio tierra-agua es inseparable y que, de aprobarse la iniciativa, las concesiones se revertirían al Estado para ser reasignadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), rompiendo así su vínculo natural con la propiedad agrícola. Muchos productores afirman llevar años esperando la renovación de títulos vencidos o la autorización de prórrogas para el uso del recurso. Rechazan que, bajo la nueva legislación, estas concesiones se integren a un “Fondo del Agua” bajo control del Ejecutivo, pues temen que, pese a la promesa de procedimientos expeditos (como establece el artículo 22), toda reasignación dependa del análisis y autorización de la denominada “Autoridad del Agua”, lo cual genera una profunda incertidumbre sobre su permanencia como usuarios legales del recurso. También les preocupa la incorporación de causales para limitar el uso del agua en función de su disponibilidad o de criterios de “seguridad hídrica”, lo que podría reducir drásticamente el volumen destinado a la agricultura, especialmente en las regiones del centro y norte del país. Otro motivo de alarma es la posible pérdida de derechos por subutilización de los volúmenes concesionados o por cambios en el uso del suelo, lo que —afirman— pondría en riesgo la viabilidad de numerosas unidades de producción agrícola. Sin dejar de reconocer la legitimidad de muchas de estas inquietudes, debe también considerarse la gravedad de la situación hídrica del país. De los 653 acuíferos existentes, 114 están gravemente sobreexplotados y las 111 principales cuencas hidrográficas registran déficit. Ante este panorama, es innegable la urgencia de reformar el marco legal para transitar, en el largo plazo, hacia una gestión más sostenible del recurso. La idea de tratar el agua como mercancía ha demostrado ser ineficaz. No se cumplió la expectativa de que el mercado garantizaría un uso más eficiente. Muchas de las resistencias actuales parten de una visión del agua como bien económico transable, cuyo valor aumenta precisamente en las zonas más afectadas por la escasez. ¿Qué debe conservarse en la reforma? La indivisibilidad entre tierra y agua en el ámbito agrícola. Cuando se transmita una propiedad por compraventa o herencia, la concesión correspondiente deberá transferirse automáticamente al nuevo titular, sin necesidad de un análisis previo por parte de la Conagua. ¿Y cuándo debe intervenir la autoridad con un análisis técnico? Principalmente en la transferencia de volúmenes entre predios distintos y en cambios de uso del agua —por ejemplo, de agrícola a industrial o urbano—. En estos casos, se debe evitar que el agua deje de ser un derecho humano y pase a convertirse en mercancía. Es ahí donde la intervención regulatoria resulta legítima, ya que lo que debemos buscar es la preservación del recurso hídrico y evitar que pase a convertirse en un patrimonio particular. Columnista: Ramón AguirreImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0