Activan la denuncia de la DGI contra el financista ligado a Claudio Tapia y apuntan a movimientos millonarios con varios clubes

La fiscal federal Cecilia Incardona impulsó hoy la denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y apuntó a movimientos millonarios con varios clubes de Primera División y del Ascenso desde la firma “Sur Finanzas”.

En el dictamen, al que accedió LA NACION, la fiscal destacó el “movimiento de sumas millonarias de dinero a precisar en la investigación por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol”. Y mencionó a estos clubes:

-San Lorenzo de Almagro

-Racing Club Asociación Civil

-Club Atlético Temperley

-Club Atlético Los Andes

-Club Atlético Excursionistas

-Club Deportivo Morón Asociación Civil

-Club Atlético Defensores de Glew

-Fideicoimiso de Reconstrucción Banfileña.

“Llama poderosamente la atención que, en el caso de las últimas cinco entidades mencionadas, de acuerdo al informe de ARCA, el contribuyente auditado no ha aportado datos sobre el monto de las transferencias efectuadas”, se puede leer en el dictamen.

En al menos tres de esos clubes (Racing, Los Andes y Temperley), Sur Finanzas solo aparecía hasta ahora como sponsor de la camiseta, inyectando dinero. Y en San Lorenzo había desembolsado más de $1900 millones a través de diferentes préstamos. Según documentos oficiales que reveló LA NACION, la financiera recibió más de $117 millones de intereses por esos acuerdos.

Esta es la primera vinculación directa en el marco de las causas judiciales entre Sur Finanzas y el mundo del fútbol. Los clubes ya aparecen en la categoría de investigados. Vallejo, Sur Finanzas PSP y sus autoridades fueron imputadas, al igual que otro exdirigente deportivo.

Los sabuesos de la DGI habían detectado que a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apunta al supuesto lavado de dinero.

“Corresponde correr el velo jurídico de estos titulares aparentes, dado que operaron volúmenes multimillonarios ($223 mil millones los no categorizados y $193 mil millones los monotributistas) sin sustento patrimonial aparente”, afirmó Incardona.

Un caso ayuda a comprender: un monotributista de la categoría “D”, identificado como I.M., emitió facturas en 2024 por $4.937.394 y recibió más de $230 millones. Esa misma persona tiene movimientos en billeteras virtuales por $87.000 millones, según un informe reservado al que accedió este medio.

La fiscal también destacó un grupo de contribuyentes no confiables, con operaciones por $72.342.312.476 provenientes de usinas de facturas apócrifas. Entre enero y abril de 2025, Sur Finanzas PSP habría permitido operar a 26 empresas de esta base por $35 mil millones, incumpliendo la Comunicación “A” 8144 del BCRA que prohíbe brindar servicios de cobro a estos sujetos".

“No puede descartarse la existencia de una verdadera ingeniería financiera orquestada para procurar el blanqueo de capitales de origen ilícito”, sostuvo Incardona en su dictamen.

La fiscal había decidido abrir una investigación preliminar (IP), lo que generó suspicacias en el Gobierno. “El éxito de la presente investigación requiere mayor premura que la habitual“, reclamaron los abogados de la DGI cuando presentación la denuncia. En su dictamen, Incardona argumentó que la presentación estaba incompleta. Y dijo que ”hace siete días" la PFA estaba realizando “tareas discretas” sobre las sucursales de Sur Finanzas.

A propósito de las transferencias sospechosas, el documento hace hincapié en el rol del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que tendría como partes al Club Banfield y a la firma Banfileños SA, integrada por el ex presidente de esa institución Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker. Todas esas personas ya estarían siendo investigada en otro expediente que tramita en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora. También por presunto lavado de dinero.

LA NACION contactó a Eduardo Spinosa, quien negó la acusación.

En relación a la acusación de la DGI por evasión tributaria, la fiscal indicó que “se debe determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de personas jurídicas, sujetos no categorizados y monotributistas sin capacidad económica, omitiendo deliberadamente actuar como agente de liquidación y percepción del tributo”. Esto hace referencia al pago del Impuesto a los Créditos y Débitos. El fisco reclama unos $3,3 mil millones por ese concepto.

Tras el impulso de la fiscal, la causa fue sorteada y le tocó al juez Federico Villena, que ahora deberá evaluar si ordena las primeras medidas de prueba. Entre ellas se observan el levantamiento del secreto bancario de los imputados, un embargo de hasta $4 mil millones sobre los bienes de Sur Finanzas, congelamiento de cuentas, allanamientos y pedidos de información al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera (UIF).