Alfredo PeñaEl Órgano de Administración Judicial en Tamaulipas destituyó como jueza oral a Mónica Iliana Pérez Chapa, luego de que multará con 1 millón 249 mil pesos a una abogada, tras evidenciarse su falta de conocimiento en los debidos procesos legales. TE RECOMENDAMOS: SCJN ordena “congelar” amparos contra la reforma judicial  El Poder Judicial Federal amparó a la litigante respecto al monto de la multa y envió una notificación a la directora de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado. Aunque el Órgano de Administración no reveló la identidad de la jueza, se dedujo que se trataba de Pérez Chapa, y señaló que su remoción busca garantizar que el nuevo sistema penal acusatorio se apegue a las facultades administrativas previstas por la ley. Por el momento, la titular fue reasignada a los tribunales de juicios tradicionales. Sin embargo, la abogada Aglaeth Yesenia González Cruz —afectada por la multa— no ha sido informada oficialmente sobre la destitución de la jueza, a pesar de haber sido ella quien sostuvo el encuentro que derivó en la sanción. Por fuentes no oficiales supe que fue reasignada por un periodo de dos meses al sistema tradicional, lo cual es una decisión administrativa interna. Sin embargo, se trata de una medida temporal y no implica una separación definitiva del cargo, que es lo que debería suceder”, declaró González. La abogada opinó que, si la jueza no maneja este tipo de procesos, el sistema está fallando: “Porque ella no conoce el desarrollo de las audiencias y, además, se vulnera la seguridad jurídica. Si esto me pasó a mí, que soy una profesionista del derecho, imagínense lo que podría sucederle a cualquier otra persona”. Pérez Chapa es una de los cientos de jueces y magistrados que fueron elegidos en elecciones pasadas mediante la reforma judicial. Multa, en caso de exservidores La abogada González se encuentra defendiendo a tres exservidores públicos acusados de delitos de alto impacto, y logró la libertad de dos de ellos debido a las pruebas nulas presentadas por la fiscalía. Según relató, los problemas comenzaron el 4 de noviembre, cuando la jueza Pérez Chapa inició una audiencia en contra de un tercer cliente. La jueza no nos individualizó ni a mí ni al acusado; parecía olvidar que estábamos en la sala de audiencias. Me di cuenta de que no tenía el conocimiento necesario para dirigirla, ni conocía las etapas del proceso. Fui a quejarme con Gestión Judicial y busqué al coordinador”, explicó. La audiencia se suspendió y se reanudó el 13 del mismo mes, pero la jueza repitió los mismos errores.  Noté que ni siquiera recordaba en qué punto nos habíamos quedado la vez anterior. Fue entonces cuando presenté un incidente y solicité que fuera sustituida por un juez con conocimientos técnico-jurídicos, ya que observaba que desconocía el procedimiento. Ella se molestó e impuso la multa equivalente a cinco mil días de salario mínimo”, detalló González. La litigante también argumentó que, con las mismas pruebas desechadas en los casos anteriores, no era posible procesar al tercer implicado. Ante la sanción, González interpuso un juicio indirecto ante el Poder Judicial Federal, logrando obtener un amparo con base en la vulneración de su ejercicio profesional y del debido proceso. Hay más abogados afectados González denunció además que la misma jueza impuso una multa de 836 mil pesos al abogado Luis Eduardo Dávila Domínguez, luego de que él la cuestionara sobre los protocolos a seguir en una vinculación a proceso. Una situación similar habría ocurrido con un exservidor público acusado de un delito, cuya defensa no fue valorada adecuadamente. Para la abogada, el caso que enfrentó —y que finalmente ganó— sienta un precedente para evitar que jueces sin los conocimientos necesarios intenten silenciar a los litigantes mediante multas arbitrarias. Por su parte, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) emitió un posicionamiento en el que respaldó la valentía y la labor de la litigante. RLO Contenidos Relacionados: Guardia Nacional despliega operativo en Tamaulipas contra 'huachicol fiscal'Fuerte olor a gas provoca desalojo en Hospital General de TamaulipasLocalizan en Tamaulipas a alumna de prepa desaparecida en Nuevo LeónAlfredo PeñaEl Órgano de Administración Judicial en Tamaulipas destituyó como jueza oral a Mónica Iliana Pérez Chapa, luego de que multará con 1 millón 249 mil pesos a una abogada, tras evidenciarse su falta de conocimiento en los debidos procesos legales. TE RECOMENDAMOS: SCJN ordena “congelar” amparos contra la reforma judicial  El Poder Judicial Federal amparó a la litigante respecto al monto de la multa y envió una notificación a la directora de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado. Aunque el Órgano de Administración no reveló la identidad de la jueza, se dedujo que se trataba de Pérez Chapa, y señaló que su remoción busca garantizar que el nuevo sistema penal acusatorio se apegue a las facultades administrativas previstas por la ley. Por el momento, la titular fue reasignada a los tribunales de juicios tradicionales. Sin embargo, la abogada Aglaeth Yesenia González Cruz —afectada por la multa— no ha sido informada oficialmente sobre la destitución de la jueza, a pesar de haber sido ella quien sostuvo el encuentro que derivó en la sanción. Por fuentes no oficiales supe que fue reasignada por un periodo de dos meses al sistema tradicional, lo cual es una decisión administrativa interna. Sin embargo, se trata de una medida temporal y no implica una separación definitiva del cargo, que es lo que debería suceder”, declaró González. La abogada opinó que, si la jueza no maneja este tipo de procesos, el sistema está fallando: “Porque ella no conoce el desarrollo de las audiencias y, además, se vulnera la seguridad jurídica. Si esto me pasó a mí, que soy una profesionista del derecho, imagínense lo que podría sucederle a cualquier otra persona”. Pérez Chapa es una de los cientos de jueces y magistrados que fueron elegidos en elecciones pasadas mediante la reforma judicial. Multa, en caso de exservidores La abogada González se encuentra defendiendo a tres exservidores públicos acusados de delitos de alto impacto, y logró la libertad de dos de ellos debido a las pruebas nulas presentadas por la fiscalía. Según relató, los problemas comenzaron el 4 de noviembre, cuando la jueza Pérez Chapa inició una audiencia en contra de un tercer cliente. La jueza no nos individualizó ni a mí ni al acusado; parecía olvidar que estábamos en la sala de audiencias. Me di cuenta de que no tenía el conocimiento necesario para dirigirla, ni conocía las etapas del proceso. Fui a quejarme con Gestión Judicial y busqué al coordinador”, explicó. La audiencia se suspendió y se reanudó el 13 del mismo mes, pero la jueza repitió los mismos errores.  Noté que ni siquiera recordaba en qué punto nos habíamos quedado la vez anterior. Fue entonces cuando presenté un incidente y solicité que fuera sustituida por un juez con conocimientos técnico-jurídicos, ya que observaba que desconocía el procedimiento. Ella se molestó e impuso la multa equivalente a cinco mil días de salario mínimo”, detalló González. La litigante también argumentó que, con las mismas pruebas desechadas en los casos anteriores, no era posible procesar al tercer implicado. Ante la sanción, González interpuso un juicio indirecto ante el Poder Judicial Federal, logrando obtener un amparo con base en la vulneración de su ejercicio profesional y del debido proceso. Hay más abogados afectados González denunció además que la misma jueza impuso una multa de 836 mil pesos al abogado Luis Eduardo Dávila Domínguez, luego de que él la cuestionara sobre los protocolos a seguir en una vinculación a proceso. Una situación similar habría ocurrido con un exservidor público acusado de un delito, cuya defensa no fue valorada adecuadamente. Para la abogada, el caso que enfrentó —y que finalmente ganó— sienta un precedente para evitar que jueces sin los conocimientos necesarios intenten silenciar a los litigantes mediante multas arbitrarias. Por su parte, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) emitió un posicionamiento en el que respaldó la valentía y la labor de la litigante. 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