GSMA alerta sobre mayores costos y riesgos por la fragmentación regulatoria en ciberseguridad móvil
La GSMA presentó el 27 de noviembre de 2025 en Doha, Catar, el informe independiente The Impact of Cybersecurity Regulation on Mobile Operators, elaborado junto a Frontier Economics. El documento advierte que los operadores móviles destinan entre US$ 15.000 y US$ 19.000 millones anuales a actividades básicas de ciberseguridad, con una proyección de US$ 40.000 a US$ 42.000 millones para 2030.
Según el estudio, la fragmentación regulatoria, la proliferación de normas prescriptivas y las obligaciones de notificación superpuestas generan costos innecesarios y desvían recursos de la mitigación real de riesgos. Un operador reportó que hasta el 80% del tiempo de su equipo de operaciones de ciberseguridad se dedica a tareas administrativas de auditoría y cumplimiento, en detrimento de la detección de amenazas y la respuesta a incidentes.
El informe, basado en entrevistas a operadores de África, Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Medio y América del Norte, destaca que la colaboración internacional y la participación de la industria resultan fundamentales para evitar duplicidad normativa y cargas innecesarias, especialmente en empresas presentes en varios mercados.
Michaela Angonius, directora de Política y Regulación de la GSMA, señaló: “Las redes móviles son el corazón digital del mundo. A medida que las amenazas cibernéticas van en aumento, los operadores están realizando grandes inversiones para mantener la seguridad de las sociedades, pero la regulación debe ayudar, y no obstaculizar, esos esfuerzos”.
El informe propone seis principios para una regulación eficaz: armonización con normas internacionales, coherencia con políticas existentes, enfoque basado en riesgo y resultados, colaboración con la industria, seguridad desde el diseño y desarrollo de capacidades institucionales. La GSMA insta a gobiernos y organismos reguladores a priorizar marcos colaborativos que permitan mantener redes móviles seguras y resilientes.
“La ciberseguridad es una responsabilidad compartida. Para proteger a los ciudadanos y los servicios sociales esenciales, los reguladores y los operadores deben trabajar juntos, guiados por un conjunto de principios comunes”, afirmó Angonius.
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