En la antesala de las extraordinarias, el Gobierno avanza con una de las reformas más ambiciosas de su agenda de verano: la reescritura integral del Código Penal y la promesa de consolidar la Doctrina Bullrich en un texto legal que endurezca las penas contra determinados crímenes y sume nuevos castigos a delitos vinculados a la corrupción.

En efecto, el documento técnico que circula en Casa Rosada detalla un núcleo de cambios que endurecen penas, restringen beneficios y amplían la presencia del Estado en la etapa de ejecución. Las implicancias abarcan desde la criminalidad cotidiana hasta el crimen organizado y los delitos cometidos por funcionarios públicos. El texto final aún no estaría terminado.

“La doctrina Bullrich vino para poner fin al régimen anárquico que les ataba las manos a las fuerzas del orden”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia en conjunto con la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich. Anticipó que desde el 10 de diciembre esa misma doctrina “será llevada al Congreso de la Nación, donde tendrá la misión histórica de aprobar los proyectos necesarios para que el país salga adelante”.

Mientras se espera la letra de otras reformas de peso como la laboral y la tributaria, el Gobierno volvió a poner el foco en algunos lineamientos centrales del nuevo Código Penal que enviará al Congreso, que ya habían sido presentados en el pasado. El documento recorre una serie de ejes claves que reconfiguran el sistema punitivo con un objetivo declarado: endurecer penas, asegurar el cumplimiento efectivo y reducir los márgenes de discrecionalidad judicial.

De hecho, en su exposición, Adorni subrayó que la reforma implica “el fin de la doctrina zaffaronista, donde el victimario se convertía en víctima”. Criticó que el Código vigente “está hecho a medida de los delincuentes”, con condenas insuficientes y una “puerta giratoria” que explica gran parte de los delitos. Y remarcó que habrá “un castigo mayor para aquellos políticos que delinquen en la función pública” a la vez que “los delitos graves pasarán a ser imprescriptibles”.

Por su parte, Bullrich enfatizó que el nuevo Código Penal busca “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”. Y puntualizó que el proyecto protegerá a quienes cumplen tareas fundamentales, como el ámbito educativo, los chicos en las escuelas y las personas mayores.

El primer eje es el agravamiento generalizado de penas: se elevan mínimos y máximos en homicidios, lesiones, robos, estafas, portación de armas, usurpaciones y delitos sexuales. A la vez, los robos incorporan una diferenciación estricta entre fuerza en las cosas y violencia sobre las personas, con un mínimo que sube a 3 años en todos los casos y figuras específicas para modalidades como motochorros o viudas negras. También se elevan sanciones y se endurecen agravantes en caso de delitos sexuales y de explotación infantil.

Otro de los cambios estructurales es la imprescriptibilidad de delitos considerados “especialmente graves”, como el homicidio agravado, abuso sexual en todas sus modalidades, trata de personas, corrupción de menores, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. El Gobierno justifica la medida como respuesta a la lentitud judicial y a la “impunidad de hecho” que generaban plazos que podían extinguir la acción penal.

La reforma también apunta al núcleo de la llamada “puerta giratoria”. Al elevar los mínimos de numerosas figuras, el porcentaje de delitos que permitirían condenas en suspenso se reduce drásticamente. El Ejecutivo estima que el 82 por ciento de los delitos tendrá cumplimiento efectivo de prisión, excluyendo de ese beneficio a robos agravados, portación ilegal de armas y estragos, entre otros.

En paralelo, se restringen de manera significativa los supuestos de liberación anticipada. Quedan afuera delitos como homicidio, robo con armas, robo seguido de muerte y hechos dolosos cometidos por funcionarios públicos. La reincidencia continúa como causal excluyente. Y en lo que respecta a la ejecución de la pena, ya no se esperará a que la Corte Suprema trate o rechace recursos extraordinarios para el inicio del cumplimiento.

La iniciativa incorpora dos disposiciones de fuerte contenido simbólico en lo que refiere al cumplimiento de las condenas: por un lado, la pérdida automática de jubilaciones de privilegio para funcionarios condenados por cualquier delito, en lo que refiere a la lucha contra la corrupción. En sgundo lugar, la eliminación de cualquier límite temporal para las penas perpetuas, que pasarán a ser realmente “de por vida”.

El capítulo de legítima defensa se reescribe para ampliar el marco de protección legal a quien repele una agresión, introduciendo una presunción a favor del ciudadano que se defiende. En paralelo, el proyecto refuerza el rol de la víctima. Exige que sea oída antes de otorgar beneficios a condenados y formaliza su participación en decisiones que puedan modificar el curso de la pena.

Esto último va de la mano con no solo recalibrar escalas “desactualizadas” en la correlación entre el daño causado y su pena sino también desplazar el sistema hacia un modelo más retributivo y con menor margen para medidas alternativas a la prisión.

“En el marco del Plan Tolerancia Cero y en cumplimiento con el principal mandato que nos dio la sociedad, que es terminar con la inseguridad, hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”, comentó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que aún suena como posible reemplazo al frente de la cartera.

“Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, añadió el funcionario. Y concluyó: “Actualmente cuando la pena no supera los 3 años, el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código, se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados”.

Punto por punto, qué cambios introduce el nuevo Código Penal

Agravamiento generalizado de penas

• Homicidio simple sube de 8 a 25 años a un rango de 10 a 30.
• Las lesiones leves pasan de un máximo de un año a uno de tres; la portación ilegal de armas se eleva a un mínimo de 3 años y 6 meses.
• La usurpación salta a un máximo de 10 años; y la estafa escala hasta 8 años más multa.
• En los robos se crea una diferenciación estricta según el nivel de violencia, con un piso que empieza en 3 años y penas agravadas para modalidades frecuentes como motochorros, viudas negras o robos en lugares de concurrencia masiva.

Delitos sexuales y explotación infantil: subas drásticas

• La pornografía infantil pasa de un máximo de 6 años a 12, y la posesión con fines de distribución queda fijada entre 4 y 12 años, ampliando además sus agravantes.
• Los abusos sexuales en todas sus modalidades reciben aumentos acumulativos.

Imprescriptibilidad para un catálogo ampliado de delitos

• Se elimina la prescripción para figuras como el homicidio agravado, abusos sexuales, producción de material de abuso sexual infantil, trata, secuestro extorsivo, atentados contra el orden constitucional, procesos contra organizaciones criminales, terrorismo y narcotráfico.
• Incorpora nuevos actos que reinician el plazo, como la emisión de órdenes de captura o pedidos de extradición.

Cumplimiento efectivo de la pena

• El Ejecutivo busca limitar la ejecución condicional, que hoy se aplica cuando la pena no supera los 3 años.
• Robos agravados, portación ilegal de armas, estragos y otros delitos quedan expresamente fuera de la posibilidad de suspender la ejecución.

Restricción de la liberación anticipada

• Se modifica el régimen de libertades anticipadas y se añaden nuevas exclusiones: homicidio, robo con armas, robo seguido de muerte y delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos.
• Se reduce así la probabilidad de acortar el tiempo efectivo en prisión.

Ejecución inmediata de las condenas

• Las penas comenzarán a ejecutarse una vez que el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal.
• Por ende, no será necesario esperar a que la Corte Suprema decida intervenir o no, acortando tiempos de cumplimiento y reduciendo la capacidad de dilatar condenas mediante estrategias recursivas.

Funcionarios públicos y delitos contra la administración

• El cohecho pasa de 1 a 6 años a un rango de 3 a 10, con un tercio adicional en contrataciones. Si el involucrado es Presidente, Vicepresidente, jefe de Gabinete o ministro, la escala asciende a 5 a 15 años.
• Cualquier funcionario condenado perderá automáticamente su jubilación de privilegio

Prisión perpetua y legítima defensa

• Las perpetuas dejan de tener un techo temporal.
• En delitos como homicidio agravado, la condena pasará a ser efectivamente de por vida.
• Se amplían los márgenes de actuación en situaciones de peligro y fortalece el rol de la víctima, que deberá ser consultada antes de otorgar beneficios al condenado