El Gobierno frena la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pero no descarta impulsarla en el futuro

El Gobierno finalmente no incluyó en el anuncio sobre el contenido del proyecto de nuevo Código Penal a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como lo estuvo analizando el fin de semana, aunque no descarta hacerlo en el futuro.

”Nosotros, los técnicos, levantamos los temas todo el tiempo y las definiciones políticas llegan de arriba", dijo a LA NACION un funcionario del Gobierno, que participó de la redacción de la iniciativa, al explicar la determinación oficial.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dieron una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que dieron detalles del proyecto de ley que enviarán al Congreso para modificar el Código Penal.

El proyecto agrava las penas para delitos comunes, para la corrupción y dispone que no son imprescriptibles los delitos graves. Durante el fin de semana, una fuente del Ministerio de Seguridad había dicho a LA NACION que se incluían entre esos delitos los de corrupción. Y una fuente del Ministerio de Justicia coincidió: “Está en estudio”, admitió.

En el anuncio de este lunes, cuando le preguntaron a Bullrich, la ministra dirigió la consulta al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que estaba sentado en la primer fila, quien negó que estuvieran incluidos como imprescriptibles los delitos de corrupción.

En el proyecto de reforma están incluidos el homicidio agravado; el abuso sexual, la producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil; la corrupción de menores, la promoción y facilitación de la prostitución, explotación y rufianería, la sustracción de menores con fines sexuales, la trata de personas, el secuestro, los atentados al orden constitucional y al sistema democrático, los procesos contra organizaciones criminales, y el terrorismo y su financiamiento.

Mas tarde, un funcionario del Gobierno explicó lo ocurrido de esta manera: “Patricia dijo que está a estudio, pero no está puesta hoy la corrupción como imprescriptible. Pero ella lo dijo en la conferencia, y charlaremos sobre la posibilidad de hacerlo. Todavía hoy no está puesto. No es algo tan urgente como parece, porque mientras se es funcionario no corre la prescripción”.

“Habría que ver el caso bien y la definición política al respecto. Nosotros los técnicos levantamos los temas todo el tiempo y las definiciones políticas llega de arriba y las acomodamos. Hoy no está puesto todavía como un delito imprescriptible”, explicó este funcionario cercano a la mesa donde se decide el texto final que se enviará al Congreso.

El nuevo texto del Código Penal prevé el agravamiento de las penas. Se elevarán los mínimos y máximos de una gran cantidad de delitos. Entre estos delitos están el homicidio simple que pasa de 8 a 25 años a 10 a 30 años de cárcel.

Según el texto de la reforma, para el homicidio agravado la pena es de prisión perpetua cuando la víctima sea el presidente, jefe de Gabinete, ministros, docentes, menores de 16 años o mayores a 65 años. También si ocurre el crimen en un lugar de concurrencia masiva, centro educativo o deportivo o en la vía pública, mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas o por encargo.

La lesiones leves pasan de un mes de mínima a 1 año de máxima, para situarse en 1 año de mínima a 3 años de máxima. Mientras que la pornografía infantil actualmente se pena con 3 a 6 años de prisión y se prevé ir de 3 a 12 años con agravantes que llevarían el mínimo a 4 años.

El proyecto, en el que trabajaron en forma conjunta los ministerios de Justicia y de Seguridad, aumenta a 10 años la pena de trata de personas y a 15 si es agravada. En el hurto se eleva la pena de 1 a 3 años. Y en el robo de 3 a 8 años de prisión o de 3 a 10 años si es con violencia sobre las personas.

La iniciativa oficial eleva las penas para la corrupción: el cohecho pasa de 6 años de pena máxima a 10 años. Asimismo, se eleva en un tercio adicional cuando se trate de contrataciones públicas. Si el que comete el delito es presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, entre otros, la escala va de 5 a 15 años. Como consecuencia de las reformas, el 82% de los delitos pasarán a ser de cumplimiento con prisión efectiva.