El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos difundió una convocatoria desde su cuenta oficial en X, en la que llamó a sumarse a una campaña que definió como urgente. Con un mensaje breve, pero contundente, la agencia instó a colaborar en lo que describió como una misión prioritaria, al tiempo que el Departamento de Justicia abrió decenas de cargos para jueces de inmigración con salarios que alcanzan los US$207.500 al año.

El llamado público del Departamento de Seguridad Nacional

El mensaje del Departamento de Seguridad Nacional apareció el 28 de noviembre y marcó el tono de la estrategia. La agencia escribió que “los riesgos nunca fueron tan altos y el objetivo nunca estuvo tan claro: Remigración ahora”.

En la misma publicación, el DHS agregó. “Ayuda a deportarlos”, acompañado por un enlace a donde se centralizan los llamados laborales.

El Departamento de Justicia, a través de la Executive Office for Immigration Review (EOIR), detalló que se encontraban abiertas múltiples posiciones para jueces de inmigración, con un esquema de contratación que incluye empleos permanentes y otros de carácter intermitente.

Los interesados pueden postularse desde el 30 de septiembre de 2025 hasta el 9 de abril de 2026, con retribuciones que van desde US$159.951 hasta US$207.500 anuales, según la escala.

Las vacantes se distribuyeron en una extensa red de tribunales, entre ellos los ubicados en Eloy, Florence, Phoenix y Tucson, todos en Arizona, aunque la lista completa abarca más de 70 sedes adicionales en distintos puntos del país norteamericano.

Qué tareas deberán asumir los jueces de inmigración

La descripción de funciones reservó un lugar central para el rol de los jueces como responsables de audiencias formales con características cuasi judiciales.

Estos procesos incluyen revisiones de expulsión, determinaciones de fianza y evaluaciones de solicitudes de protección, como asilo, retención de remoción o amparo bajo la Convención contra la Tortura. También contemplan pedidos de cancelación de deportación y ajustes de estatus.

Las decisiones que adopten los jueces tendrán carácter final, aunque podrían revocarse ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. La convocatoria subrayó que los magistrados deben actuar con criterio independiente y que, en ocasiones, podrán estar obligados a realizar audiencias en instituciones penitenciarias u otros lugares remotos.

La EOIR estableció condiciones estrictas para quienes deseen acceder a estos cargos. Los postulantes deben ser ciudadanos, cumplir con el registro selectivo si corresponde y presentar una declaración financiera conforme a la Ley de Ética en el Gobierno de 1978. También se requiere que los salarios federales se depositen mediante transferencia directa y que quienes aspiren a un empleo a tiempo completo superen un período de prueba antes de ser confirmados por el fiscal general.

Formación y experiencia exigidas para los jueces de inmigración

El anuncio precisó que los candidatos deben poseer un título de abogado expedido por una institución reconocida y contar con una licencia vigente para ejercer en cualquier estado, territorio o el Distrito de Columbia. Además, exige experiencia posterior a la obtención de la matrícula en litigación o en tareas de adjudicación, ya sea en causas que hayan ingresado en tribunales o agencias administrativas mediante una queja formal o un documento acusatorio, o en procesos iniciados por organismos gubernamentales.

La EOIR insistió en que los aspirantes describan su experiencia con claridad y sin ambigüedades, dado que no se asumirán antecedentes no explicitados en el currículum. El documento debe incluir datos completos de contacto, fechas exactas de empleo y una explicación detallada de las funciones desempeñadas. La experiencia a tiempo parcial debe especificar porcentaje de dedicación y duración.