Por Gerardo Aranda OrozcoExpresidente nacional de la Coparmex Donde nace la desesperación,nace también la rebeldía.John Steinbeck A partir del lunes 22 de noviembre se han manifestado transportistas y campesinos —en una alianza inusual— bloqueando diversos puntos carreteros en todo el país, con diferente intensidad, según el estado, para lograr ser atendidos en sus demandas por el gobierno federal.   Consideramos sus demandas y motivaciones legítimas: Precios justos para los productos agrícolas, especialmente el maíz. Seguridad en las carreteras, ya que son víctimas de asaltos, desapariciones o asesinatos de operadores, además de extorsión en diversas rutas; exigen a la autoridad condiciones reales de seguridad, pues se enfrentan a la acción de grupos criminales y consideran que el Estado está ausente. A esto se suma la pretensión de una reforma al manejo del agua sin el debido consenso, la cual consideran nociva en sus términos. La pregunta obligada es: si las demandas son válidas, ¿la forma de protestar también lo es? La pregunta no es menor, ya que los bloqueos afectan la movilidad de personas ajenas al conflicto y dañan cadenas de distribución y economías locales. Esto plantea una tensión ética y práctica: hay motivos válidos, pero la forma de protesta genera costos sociales y económicos elevados. Tanto transportistas como campesinos difícilmente actuarían así si no enfrentaran una crisis grave. Los mecanismos de diálogo y negociación han resultado inútiles ante la incompetencia gubernamental: lentitud en la respuesta, inconsistencia en las políticas públicas —se cambian reglas, criterios para fijar precios de garantía, tipos de apoyo— y una gestión de seguridad pública insuficiente.   La percepción negativa de soberbia se refuerza con la tendencia a minimizar el conflicto social, insistiendo en que las manifestaciones “son manipuladas” o tienen “intereses políticos detrás”. En lugar de dialogar, se prefiere descalificar.   La comunicación política busca no ceder para no parecer débil. En el cálculo político, se cree que reconocer un problema es perder el control, retrasando así la solución. La arrogancia ciega y conduce a buscar argumentos falaces, desviados del foco de discusión, alejando la posibilidad de acuerdos y acumulando agravios.   En fin, atender a tiempo permitiría una mejor gobernanza: gobernabilidad más confianza. Confianza de la autoridad en los ciudadanos y confianza de los ciudadanos en la autoridad. Construyendo acuerdos y, sobre todo, honrando lo acordado.   Columnista: Opinión del experto nacionalImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0Por Gerardo Aranda OrozcoExpresidente nacional de la Coparmex Donde nace la desesperación,nace también la rebeldía.John Steinbeck A partir del lunes 22 de noviembre se han manifestado transportistas y campesinos —en una alianza inusual— bloqueando diversos puntos carreteros en todo el país, con diferente intensidad, según el estado, para lograr ser atendidos en sus demandas por el gobierno federal.   Consideramos sus demandas y motivaciones legítimas: Precios justos para los productos agrícolas, especialmente el maíz. Seguridad en las carreteras, ya que son víctimas de asaltos, desapariciones o asesinatos de operadores, además de extorsión en diversas rutas; exigen a la autoridad condiciones reales de seguridad, pues se enfrentan a la acción de grupos criminales y consideran que el Estado está ausente. A esto se suma la pretensión de una reforma al manejo del agua sin el debido consenso, la cual consideran nociva en sus términos. La pregunta obligada es: si las demandas son válidas, ¿la forma de protestar también lo es? La pregunta no es menor, ya que los bloqueos afectan la movilidad de personas ajenas al conflicto y dañan cadenas de distribución y economías locales. Esto plantea una tensión ética y práctica: hay motivos válidos, pero la forma de protesta genera costos sociales y económicos elevados. Tanto transportistas como campesinos difícilmente actuarían así si no enfrentaran una crisis grave. Los mecanismos de diálogo y negociación han resultado inútiles ante la incompetencia gubernamental: lentitud en la respuesta, inconsistencia en las políticas públicas —se cambian reglas, criterios para fijar precios de garantía, tipos de apoyo— y una gestión de seguridad pública insuficiente.   La percepción negativa de soberbia se refuerza con la tendencia a minimizar el conflicto social, insistiendo en que las manifestaciones “son manipuladas” o tienen “intereses políticos detrás”. En lugar de dialogar, se prefiere descalificar.   La comunicación política busca no ceder para no parecer débil. En el cálculo político, se cree que reconocer un problema es perder el control, retrasando así la solución. La arrogancia ciega y conduce a buscar argumentos falaces, desviados del foco de discusión, alejando la posibilidad de acuerdos y acumulando agravios.   En fin, atender a tiempo permitiría una mejor gobernanza: gobernabilidad más confianza. Confianza de la autoridad en los ciudadanos y confianza de los ciudadanos en la autoridad. Construyendo acuerdos y, sobre todo, honrando lo acordado.   Columnista: Opinión del experto nacionalImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0