El agua, un derecho humano, no una mercancía

La ley salinista de 1992 abrió la puerta a los abusos y a un mercado negro de agua, en detrimento de la destinada al consumo humano y de los pequeños y medianos usuarios agrícolas. Tratar al agua como un bien mercantil propició que una cúpula se enriqueciera a costa de un bien necesario para la vida misma.

La Comisión Nacional del Agua estima que, de 536 mil títulos existentes, 50 mil son irregulares: fueron otorgados para consumo agrícola, pero tienen otros destinos, incluida su venta a municipios cuyos pobladores requieren, como todos, del líquido vital para la vida.

Se trata, con la reforma, de poner orden y terminar con los abusos.

Como otros cambios enfilados a poner fin a las herencias neoliberales, el paquete legislativo relacionado con el agua ha propiciado el rechazo de algunos sectores, particularmente de aquellos que piensan que verán afectados sus derechos.

El debate ha propiciado que se multipliquen las mentiras y medias verdades, muchas de ellas lanzadas a la arena pública por grandes intereses que sí se verán afectados.

Se ha dicho, por ejemplo, que los concesionarios ya no podrán heredar o vender, lo cual es falso. El sistema de concesiones se mantendrá, pero con orden y sin corrupción.

Una de las finalidades centrales de este paquete legislativo es poner fin al mercado negro del agua, propiciado por un marco normativo que favorecía el desorden, la falta de transparencia y la corrupción en las concesiones.

Se trata de que el agua deje de ser un negocio para unos cuantos particulares a costa del derecho de las mayorías.

Hay quienes reciben el agua de manera gratuita, pero la venden. Ese negocio va a terminar, pues es una práctica abusiva que ha dañado al país, como lo han hecho el acaparamiento y la sobreexplotación de nuestros recursos hídricos.

Llevamos 33 años con un marco jurídico que ha hecho posible la concentración de títulos de concesión en una cúpula, al mismo tiempo que comunidades, pequeños y medianos productores tienen grandes dificultades para contar con el recurso. Mantener el actual esquema de regulación hídrica seguiría dañando a los grupos más vulnerables.

Entendemos que el binomio tierra-agua es indivisible, por lo que las propiedades con títulos de concesión podrán seguir heredándose o vendiéndose, siempre que respeten el volumen, los plazos y el uso establecido.

Se transforma el régimen respetando los derechos testamentarios cuando fallezca una persona o cuando cambie la forma de una empresa. Aquí, la LAN ya tiene un esquema que rompe con la visión mercantil, pero que respeta plenamente la seguridad jurídica y los derechos de las concesiones que ya se han otorgado. Es una ley que apunta hacia el futuro.

La iniciativa también reconoce los sistemas comunitarios y contribuye a que las comunidades, sobre todo las más desprotegidas, tengan acceso al agua.

Este conjunto de cambios ha sido resultado de un amplio proceso de diálogo con productores y diversos sectores sociales, cuya participación ha enriquecido la iniciativa.

Las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas reafirman que el agua es un derecho humano, es decir, se armoniza la Constitución Política con la ley ordinaria.

Ese reconocimiento, que ya existía en el cuerpo normativo anterior, no fue más que declarativo, puesto que durante décadas vivimos un régimen donde el agua fue un objeto de comercio y saqueo.

La Ley General de Aguas caracteriza el derecho al agua como progresivo, elimina barreras administrativas y contiene elementos como la sustentabilidad y reglas de equidad.

Esta ley establece una serie de principios que impulsan la administración, gestión, uso y saneamiento con los más altos estándares del derecho al agua.

Entre las muchas virtudes que contiene este paquete legislativo, hay que destacar que pone fin a los permisos para que las empresas mineras contaminen el agua.

No habrá excepciones ni vacíos legales que permitan a las mineras afectar la salud de las personas y el medioambiente.

Poner fin al abuso, el acaparamiento y la sobreexplotación, para garantizar la viabilidad de este recurso vital para la vida, es, en suma, un acto de justicia para el pueblo de México.