Mientras decenas de campesinos permanecen bloqueando los accesos a San Lázaro para impedir el avance de la reforma de la Ley General de Aguas, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, aseguró que su bancada votará en contra, al considerar que el dictamen se pretende aprobar "en fast track" y sin consultar a las comunidades afectadas.
El líder priista acusó que la iniciativa incumple con el artículo 2 de la Constitución y con tratados internacionales, pues no se convocó a los pueblos originarios, quienes, afirmó, podrían ver afectadas sus tierras y recursos hídricos.
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Moreira también señaló que el proyecto criminaliza a los trabajadores del campo al establecer sanciones penales y administrativas más severas, además de modificar la transmisión de derechos de concesiones.
Otro de los aspectos que calificó como preocupantes es el incremento de facultades para la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que, dijo, podría retirar o aumentar el suministro a discreción, volviendo regresivo el marco legal en un momento en que el campo necesita certeza.
El diputado acusó además que la reforma abona a la parálisis administrativa al no resolverse el problema de la "negativa ficta", lo que podría afectar los trámites de los productores.
Moreira recordó que, apenas horas atrás, la mayoría oficialista eliminó la Comisión Nacional de Zonas Áridas, lo que, aseguró, agrava el golpe para regiones productoras en riesgo hídrico.
Desde el interior del Palacio Legislativo, el coordinador priista afirmó que el PRI permanecerá en sesión para "defender a las y los campesinos", y pidió que se permita el ingreso de representantes del movimiento para dialogar sobre sus demandas.
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