El Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 alerta sobre la consolidación de una política estatal de hostigamiento, censura y criminalización del trabajo periodístico. La cantidad de periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de prensa agredidos por fuerzas de seguridad durante coberturas de manifestaciones aumentó un 66% en 2025 respecto del año anterior. El dato forma parte del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025, que fue presentado hoy en el auditorio Emar Acosta del anexo del Senado. “Al mismo tiempo, la persecución judicial a comunicadores, la obstaculización del trabajo periodístico y el hostigamiento en redes sociales —prácticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo ya desde el año anterior— se consolidaron durante 2025 como estrategias privilegiadas para intentar silenciar y disciplinar las voces disidentes”, señala el documento. El relevamiento fue elaborado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, el SiPreBA, la FATPREN y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con el apoyo de Democracy at Work. Los datos surgen de denuncias recibidas por los sindicatos y que también integraron la reciente exposición ante la CIDH. Ataques a la prensa 83 periodistas reprimidos hasta octubre Según el informe, hasta fines de octubre se contabilizaron 83 periodistas víctimas de represión mientras registraban protestas. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que fue herido el fotógrafo Pablo Grillo, se documentaron al menos 20 casos de violencia policial: impactos de balas de goma, intoxicaciones por gases, golpes y vejámenes. Ese número representa un incremento del 66% frente a los 50 casos registrados en 2024. “Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia”, concluye el documento. Una matriz regresiva que se profundiza La segunda edición del informe describe una profundización de políticas regresivas que afectan la libertad de expresión y el pluralismo informativo. La publicación sistematiza casos y datos en seis grandes ejes: Represión a la prensa Represión y criminalización de la protesta El incremento de periodistas reprimidos evidencia “acciones sistemáticas” de las fuerzas de seguridad contra comunicadores, docentes, manifestantes y activistas. El caso de Pablo Grillo es presentado como símbolo de la impunidad y la falta de respuesta institucional. Censura y hostigamiento judicial Se consolidó la judicialización de periodistas y dirigentes sociales como mecanismo para silenciar voces críticas. El informe destaca el primer intento de censura judicial en más de 30 años, con la prohibición de difundir los audios de Karina Milei. Estigmatización y ataques digitales Desde la Presidencia y cuentas oficiales se impulsaron campañas de desprestigio, doxeo y amenazas. El documento subraya el impacto diferencial sobre mujeres periodistas y detalla los ataques más relevantes del año. Desinformación y deepfakes En pleno año electoral, la producción de videos manipulados con IA y las campañas de desinformación adquirieron una escala inédita, afectando el debate público y la confianza en las fuentes. Deterioro laboral del sector Se registra un agravamiento de la crisis en prensa: congelamiento de salarios en medios públicos, falta de actualización paritaria en privados, precarización, pérdida de derechos y despidos masivos. Periodistas manifestándose en defensa de su profesión delante de la Casa Rosada Vaciamiento y opacidad estatal El informe denuncia el vaciamiento de los medios públicos, la paralización de señales educativas y la eliminación de políticas de fomento para medios comunitarios. También advierte sobre la reducción drástica del acceso a la información pública y la opacidad en la pauta oficial. Vigilancia estatal y patrullaje digital Se documentan avances del Poder Ejecutivo en tareas de inteligencia y monitoreo digital orientados a criminalizar la protesta y la expresión crítica, además de ataques a colectivos culturales, educativos y de derechos humanos. El Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 alerta sobre la consolidación de una política estatal de hostigamiento, censura y criminalización del trabajo periodístico. La cantidad de periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de prensa agredidos por fuerzas de seguridad durante coberturas de manifestaciones aumentó un 66% en 2025 respecto del año anterior. El dato forma parte del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025, que fue presentado hoy en el auditorio Emar Acosta del anexo del Senado. “Al mismo tiempo, la persecución judicial a comunicadores, la obstaculización del trabajo periodístico y el hostigamiento en redes sociales —prácticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo ya desde el año anterior— se consolidaron durante 2025 como estrategias privilegiadas para intentar silenciar y disciplinar las voces disidentes”, señala el documento. El relevamiento fue elaborado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, el SiPreBA, la FATPREN y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con el apoyo de Democracy at Work. Los datos surgen de denuncias recibidas por los sindicatos y que también integraron la reciente exposición ante la CIDH. Ataques a la prensa 83 periodistas reprimidos hasta octubre Según el informe, hasta fines de octubre se contabilizaron 83 periodistas víctimas de represión mientras registraban protestas. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que fue herido el fotógrafo Pablo Grillo, se documentaron al menos 20 casos de violencia policial: impactos de balas de goma, intoxicaciones por gases, golpes y vejámenes. Ese número representa un incremento del 66% frente a los 50 casos registrados en 2024. “Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia”, concluye el documento. Una matriz regresiva que se profundiza La segunda edición del informe describe una profundización de políticas regresivas que afectan la libertad de expresión y el pluralismo informativo. La publicación sistematiza casos y datos en seis grandes ejes: Represión a la prensa Represión y criminalización de la protesta El incremento de periodistas reprimidos evidencia “acciones sistemáticas” de las fuerzas de seguridad contra comunicadores, docentes, manifestantes y activistas. El caso de Pablo Grillo es presentado como símbolo de la impunidad y la falta de respuesta institucional. Censura y hostigamiento judicial Se consolidó la judicialización de periodistas y dirigentes sociales como mecanismo para silenciar voces críticas. El informe destaca el primer intento de censura judicial en más de 30 años, con la prohibición de difundir los audios de Karina Milei. Estigmatización y ataques digitales Desde la Presidencia y cuentas oficiales se impulsaron campañas de desprestigio, doxeo y amenazas. El documento subraya el impacto diferencial sobre mujeres periodistas y detalla los ataques más relevantes del año. Desinformación y deepfakes En pleno año electoral, la producción de videos manipulados con IA y las campañas de desinformación adquirieron una escala inédita, afectando el debate público y la confianza en las fuentes. Deterioro laboral del sector Se registra un agravamiento de la crisis en prensa: congelamiento de salarios en medios públicos, falta de actualización paritaria en privados, precarización, pérdida de derechos y despidos masivos. Periodistas manifestándose en defensa de su profesión delante de la Casa Rosada Vaciamiento y opacidad estatal El informe denuncia el vaciamiento de los medios públicos, la paralización de señales educativas y la eliminación de políticas de fomento para medios comunitarios. También advierte sobre la reducción drástica del acceso a la información pública y la opacidad en la pauta oficial. Vigilancia estatal y patrullaje digital Se documentan avances del Poder Ejecutivo en tareas de inteligencia y monitoreo digital orientados a criminalizar la protesta y la expresión crítica, además de ataques a colectivos culturales, educativos y de derechos humanos.