México 2025: la corrupción de siempre

El 9 de diciembre fue declarado por la ONU como el Día Internacional contra la Corrupción. Este año, el Inegi lo acompaña con el reporte “Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre)”, difundido ayer.

En el primer semestre de 2025, el 8.9% de los adultos que realizaron al menos un trámite ante una oficina de gobierno fue víctima de corrupción. El dato más grave está en la seguridad pública: 45.2% de quienes tuvieron contacto con policías reportaron un acto de corrupción. Estos resultados provienen de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, donde se señala una corrupción administrativa del 8.9 % y una incidencia mucho mayor en seguridad pública.

En el sector privado, la misma ENCIG muestra que en 2023 hubo 169,769 empresas víctimas de corrupción, 3.5% del total. La prevalencia más alta se da en las empresas medianas, con 8.4%. Por cada microempresa afectada hay 2.5 medianas en la misma situación.

El Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) 2023 indica que ese año se iniciaron 40,145 investigaciones por presuntas faltas administrativas, 24.8 por cada mil servidores públicos, pero solo 2,341 fueron sancionadas, 14.4 por cada 10,000.

En el ámbito estatal, el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025 reporta un aumento de 8.9% en las denuncias administrativas entre 2023 y 2024. México y Campeche encabezan la lista de sanciones, mientras que Baja California Sur y Colima reportan cero servidores sancionados en 2023.

A esto se suma la cifra negra. La ENCIG 2023 estima que 95.2% de los actos de corrupción no se denuncian; solo 4.8% de las víctimas acuden a una autoridad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (ENVIPE) calcula que solo 9.6% de los delitos cometidos en 2024 se denunciaron.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 realizado por Transparencia Internacional asigna a México 26 puntos sobre 100 y el lugar 140 de 180 países, el peor resultado de la OCDE y el penúltimo del G20. Al mismo tiempo, la encuesta de El Financiero de noviembre de 2025 registra un 70% de aprobación para la presidenta Claudia Sheinbaum, pero alrededor del 80% de reprobación por el manejo de la corrupción. La popularidad presidencial convive con una evaluación muy negativa de su desempeño contra la corrupción.

El conjunto de datos describe un sistema que convive con la corrupción: alta incidencia en seguridad pública, costos para las empresas medianas, expedientes que rara vez concluyen en sanción, cifras negras superiores al 90%, deterioro en los indicadores internacionales y una presidenta bien evaluada en general, pero reprobada en este rubro. Corregirlo exige, entre muchas, tres medidas viables: prohibir el cobro de multas en efectivo y el que los policías usen cámaras corporales en su trabajo; vincular el presupuesto y la carrera de los órganos de control con sanciones efectivas y no con expedientes abiertos; y reducir la discrecionalidad en los trámites mediante la digitalización, ventanillas únicas y denuncias protegidas que ayuden a bajar la cifra negra.

Se puede reducir la corrupción. Es cuestión de que quienes mandan decidan hacerlo.

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