JB Pritzker aprobó una nueva ley en Illinois que beneficia a miles de familias migrantes que viven en el estado. La normativa, que entrará en vigor el 1° de enero de 2026, establece un marco de protecciones que refuerza el acceso a la educación pública de los estudiantes, sin importar su origen o estatus.

La nueva ley educativa en Illinois que reafirma el acceso universal a la educación

La norma incorporó una nueva sección al Código Escolar con un objetivo central: todo niño tiene derecho a una educación pública gratuita en Illinois, sin importar su nacionalidad, su ciudadanía o la situación migratoria propia o de su familia.

La legislación citó de manera explícita el precedente Plyler v. Doe (1982), un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró inconstitucional cualquier intento estatal de excluir a estudiantes por razones migratorias.

Según el texto legal, la meta es evitar que el miedo desaliente la asistencia escolar y que ningún padre se sienta intimidado al enviar a sus hijos a las instituciones educativas.

Las escuelas públicas, los distritos y los establecimientos bajo contrato quedaron obligados a garantizar un ambiente donde no exista la posibilidad de que la presencia de agentes migratorios o policiales afecte el acceso a las aulas.

Las prohibiciones de la nueva ley de Illinois para proteger estudiantes migrantes

El texto de la ley HB3247, firmada por Pritzker el 15 de agosto, incluyó un listado amplio de acciones que los establecimientos educativos no podrán realizar. Estas prohibiciones tienen como propósito impedir prácticas que, hasta ahora, generaron preocupación en comunidades inmigrantes, especialmente aquellas expuestas a operativos de agentes federales.

Entre las restricciones más destacadas, la ley establece:

1. Impedir que se niegue educación gratuita: ningún menor podrá ser excluido de la enseñanza pública debido a su situación migratoria real o percibida, ni por la de su madre, padre o tutor.
2. Evitar prácticas que produzcan exclusión indirecta: también es ilegal usar procedimientos, políticas o métodos administrativos que tengan como efecto la exclusión. Ejemplos mencionados en el texto incluyen solicitar documentos relacionados con la ciudadanía o el origen nacional, salvo que exista un requerimiento específico de leyes estatales o federales.
3. Impedir amenazas o divulgación de información: las instituciones tienen terminantemente prohibido amenazar con revelar información migratoria sobre un alumno o sobre personas asociadas a él. Asimismo, quedó vetada la divulgación de datos vinculados al estatus real o percibido de una familia.

Intervención de agentes federales en las escuelas de Illinois: requisitos y controles estrictos

Una de las áreas más sensibles del proyecto de ley se centró en las situaciones en que agentes de seguridad —incluidos aquellos con funciones migratorias— soliciten ingresar a una escuela o contactar a un estudiante.

A partir del 1° de julio de 2026, cada distrito deberá contar con protocolos específicos para regular estas solicitudes.

Las medidas obligatorias incluyen:

• Un procedimiento de revisión a cargo de una persona autorizada en cada escuela, en coordinación con la oficina del superintendente, y con la posibilidad de consultar al asesor legal del distrito.
• Un sistema para evaluar órdenes judiciales, órdenes no judiciales y citaciones antes de permitir o negar el acceso a un agente.
• La obligación de acompañar y supervisar toda interacción entre personal policial y las personas dentro del establecimiento, con documentación detallada de cada paso.
• Un método para notificar y pedir consentimiento a los padres —o al estudiante, si es mayor de 18 años o emancipado— cuando un agente solicite hablar con un alumno por cuestiones migratorias, excepto en el caso de que exista una orden judicial que limite dicha notificación.

Consecuencias legales y compensaciones por incumplimientos de la nueva norma de Illinois

La ley habilitó a cualquier persona afectada por acciones contrarias a estas disposiciones a presentar una demanda civil desde julio de 2026. El plazo para iniciar un reclamo será de dos años desde la fecha de la violación.

En casos donde se compruebe una falta deliberada de las escuelas, los tribunales podrán otorgar daños económicos, imponer órdenes permanentes o temporales y dictar otras medidas correctivas.

El texto también estipuló que los demandantes que resulten “parte vencedora” en el proceso tendrán derecho a recuperar los honorarios de sus abogados, así como los costos del litigio e incluso los gastos de peritos.