El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha contribuido a evitar la captura privada del interés público con las resoluciones dictadas en el último trienio, resaltó Guillermo Valls Esponda, magistrado presidente, al presentar su último informe de labores.
“Cada resolución que asegura el cumplimiento sin privilegios ni evasiones, sostiene la igualdad ante la ley. Al sancionar los actos de corrupción, al impedir la captura privada del interés público, protegemos la integridad del Estado, la ley no tolera la impunidad ni de uno ni otro lado”, manifestó.
Defendió que no es cuestionable el “interés legítimo” cuando se trata de contar recursos para la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad.
Además, destacó que los fallos de la justicia administrativa –que en el periodo generaron 12 jurisprudencias y 990 precedentes– han favorecido al pueblo.
“Las resoluciones del tribunal siempre serán en favor del país, lo hacemos cuando defendemos al trabajador que ha servido por años y enfrenta dificultades. Lo hacemos cuando salvaguardamos la propiedad intelectual, resolvemos a favor del pueblo cuando resolvemos que la autoridad tributaria recaude lo que corresponde”.
Las resoluciones también generan beneficios monetarios. En estos tres años hubo “controversias cada vez más complejas y de mayor impacto financiero”, pues sumaron un billón 309 mil 551 millones 623 mil 373 pesos; es decir, lo equivalente a 5.11% del PIB.
Valls Esponda recordó que desde que inició la presidencia del tribunal se generó una ruta orientada a la modernización de éste, a fin de hacer una justicia más ágil y con menor costo.
“Nos modernizamos para hacer la justicia más cercana al ciudadano. Impulsamos acciones estratégicas orientadas a simplificar procesos”.
La administración del TFJA se ha hecho de forma austera, y el manejo eficiente del presupuesto ha permitido reintegrar sólo tres mil pesos a la Auditoría Superior de la Federación.
Sólo 3% de su gasto se ha ejercido mediante adjudicación directa, y se solventó al 100% las nueve auditorías implementadas, mientras que en 2024 la cuenta pública concluyó sin observaciones ni recomendaciones.
“Como vemos, la austeridad y el ahorro se pueden reflejar en eficiencia, sin sacrificar resultados. La racionalidad se convierte en planeación eficaz, la honestidad en y el ejercicio de la justicia en mapa de ruta”, expresó.


