Complicado el escenario en la víspera del Mundial

En medio de la crispación social provocada desde Palacio Nacional, el país se prepara para vivir su tercera gesta mundialista en torno a un balón de futbol.

Mientras tanto, observa lo que están haciendo Estados Unidos y Canadá para garantizar la seguridad de los millones de asistentes a los estadios y las ciudades donde se llevarán a cabo los encuentros deportivos.

México se está quedando rezagado al no tener el control pleno sobre los cárteles de la droga, especialmente del CJNG, que maneja un ejército de miles de “soldados” perfectamente pertrechados y con salarios superiores a los de la tropa de las fuerzas armadas.

Los problemas derivados del recrudecimiento de la violencia en varias entidades del país, incluso en Guadalajara y Monterrey y, por supuesto, en la capital del país, tienen prendidos los focos rojos en las oficinas de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

También están en la Defensa Nacional, del general Ricardo Trevilla; de la Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, y de la Guardia Nacional a cargo del general Hernán Cortés. Además, claro está, están las fuerzas estatales del orden.

Seguramente, en el encuentro de “pasillo” que sostuvieron en Washington Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney, en el sorteo de los equipos que participarán en el mundial, se tocó este tema.

Aunque no ha trascendido la información relativa a esa reunión, seguramente, en las próximas semanas veremos claras señales de los temas que trataron en la cumbre y que se decantaron en torno al narcoterrorismo.

La situación está muy complicada para el oficialismo en la víspera del mundial de balompié. Sin embargo, en lugar de reducir el autoritarismo y la polarización social que se alientan desde las mañaneras y los golpes de autoritarismo legislativo, cambian un día la Ley de Amparo para proteger al Estado de los ciudadanos y otro día despojan a los campesinos y productores del campo de sus derechos de agua sobre pozos, que ostentan desde tiempos inmemoriales. Estamos a un paso de la ingobernabilidad y las reyertas sociales.

A diario, trascienden en los medios de comunicación y en redes sociales brotes de esa violencia y de la inseguridad que explosiona también en el ámbito político con el asesinato de personajes como el de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, que devela la guerra sangrienta que se da por el poder.

Faltando solo siete meses para el mundial de futbol, es imposible revertir los índices delictivos y detener la violencia. Por eso, se deben establecer operativos de seguridad internacionales con los socios comerciales del T-MEC y del mundial para impedir actos de narcoterrorismo en la Unión Americana, México y Canadá.

Si en temas de interconectividad e infraestructura urbana, nuestro país está a años luz de lo que tienen los estadounidenses y canadienses, en lo que se refiere a aeropuertos, la cosa luce peor.

La manita de gato que le hacen a la terminal aérea de la CDMX da para, eventualmente, tener en condiciones aceptables las terminales Uno y Dos, pero en lo que se refiere a más pistas o más puertas de embarque, no se puede hacer nada.

Aunque suene trillado, si AMLO no hubiera cancelado el aeropuerto de Texcoco, tendríamos uno de clase mundial capaz de manejar a más de 50 millones de pasajeros al año. Empero, ahora nos conformamos con una antigüedad que es insuficiente y que su vida operativa se terminó hace, por lo menos, 20 años.

Otro, el AIFA, que es el prototipo de un elefante blanco que trabaja con números rojos y que, después de las cuatro de la tarde, sus instalaciones lucen más vacías que un mausoleo.

Nuevo León y Jalisco tienen mejores terminales aéreas que la capital del país. Y qué decir de Cancún, que es la joya de la corona. Por ello se tiene que abrir el espacio aéreo para tener más vuelos internacionales y nacionales. La finalidad es que los turistas tengan varias opciones para llegar a los destinos elegidos.

El mundial está a la vuelta de la esquina y tal parece que ello tiene sin cuidado al gobierno de la 4T y, en menor medida, a Movimiento Ciudadano, franquicia política de donde provienen Samuel García y Pablo Lemus, gobernadores de Nuevo León y Jalisco, respectivamente.