El gobernador Greg Abbott firmó el 20 de junio de 2025 el Proyecto de Ley del Senado 8, que entrará en vigor en enero de 2026. Esta disposición regula la relación entre los sheriffs de los condados de Texas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al exigir acuerdos de cooperación migratoria bajo el programa 287(g).

La ley de Texas que obligará a los sheriffs a colaborar con el ICE desde 2026

La normativa, que tendrá vigencia desde el 1° de enero de 2026, fija un calendario de obligaciones para los condados que administran cárceles directamente o a través de operadores privados.

Su objetivo es integrar la acción local con el esquema federal de control migratorio en situaciones que involucren a personas extranjeras retenidas en instalaciones del Estado de la Estrella Solitaria.

El texto aprobado por la Legislatura de Texas y firmado por el gobernador republicano establece que, tras su entrada en vigor, todas las jurisdicciones locales deberán encuadrarse en los requerimientos establecidos.

El programa funciona como un complemento a lo dispuesto por la Sección 287(g) del marco federal vigente desde 1996. Ese apartado autoriza a agencias estatales o locales a encargarse de tareas de identificación y procesamiento de personas extranjeras bajo supervisión del ICE.

Por su parte, la SB 8 traslada esa lógica a la estructura organizativa de los condados texanos, con la obligatoriedad de concretar convenios formales.

Además, el gobierno estatal establece la posibilidad de que el fiscal general utilice acciones judiciales para exigir el cumplimiento de los requisitos. Esta facultad incluye la búsqueda de medidas equitativas y la recuperación de gastos legales derivados de los procesos de litigios iniciados contra quienes no cumplan los mandatos de la norma.

SB 8 en Texas: las nuevas obligaciones para los sheriffs de los condados de Texas

Los sheriffs deberán solicitar y firmar convenios de cooperación migratoria, denominados en el texto como “acuerdos de aplicación de la ley de inmigración”.

Los contratos deberán especificar el alcance de la autoridad delegada, los límites y las condiciones bajo las cuales se ejecutarán las funciones descritas.

La SB 8 también determina que, si la solicitud de un acuerdo no se concreta en un convenio firmado, el sheriff deberá reiterar la gestión al menos una vez por año. La obligación se mantiene hasta que el proceso concluya con la aprobación.

Los condados donde formalice el contrato deberán asignar personal, recursos y financiamiento suficientes para alcanzar los objetivos establecidos en el documento. Esto incluye la disposición de fondos para ejecutar tareas operativas, administrativas y de capacitación vinculadas a la cooperación con el ICE.

El programa de subvenciones para los condados de Texas que colaboren con el ICE

El controlador estatal será el responsable de administrar el programa de subvenciones creado por la ley SB 8. La iniciativa se dirige exclusivamente a los condados cuyos sheriffs hayan concretado un acuerdo migratorio.

Las subvenciones se calculan según la población del condado:

• US$80.000 para condados con una población de 99.999 habitantes o menos.
• US$100 mil: entre 100 mil y 499.999.
• US$120 mil: entre 500 mil y 999.999.
• US$140 mil: al menos un millón de residentes.

Estos recursos deberán aplicarse a costos originados por la implementación del acuerdo, siempre que dichos gastos no estén cubiertos por fondos federales. Entre estos se incluyen:

• La compensación del personal involucrado en tareas migratorias
• La elaboración de informes requeridos
• Los equipos necesarios para el trabajo operativo
• La asistencia a entrenamientos
• Los gastos derivados de mantener en custodia a personas bajo autoridades migratorias

La ley también impide que la corte de comisionados del condado reduzca el presupuesto destinado a la oficina del sheriff como consecuencia de haber recibido la subvención. Esto se plantea como una medida para garantizar que los fondos adicionales no sustituyan recursos ya asignados.

Programa 287(g) del ICE: cómo funciona en los condados de Texas

El programa 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece una estructura de cooperación entre agencias locales y el ICE. Este opera mediante tres modalidades principales:

• Jail Enforcement Model (JEM): habilita a oficiales locales a ejecutar órdenes administrativas del ICE dentro de cárceles. No otorga autoridad para operativos fuera de los centros de detención.
• Task Force: agentes locales que se sumen deberán recibir capacitación en procedimientos administrativos, legales y operacionales de ICE. Luego podrían interrogar a cualquier persona, arrestar sin orden judicial y ejecutar órdenes de detención migratoria.
• Warrant Service Officer (WSO): permite a oficiales locales que ejecuten órdenes administrativas de ICE, aunque sin autorización para interrogar a inmigrantes sobre su estatus migratorio.

Dentro de este esquema, los agentes locales reciben formación del ICE para familiarizarse con procedimientos, gestión documental y normas de detención. La capacitación es un requisito esencial para que las funciones delegadas operen bajo criterios uniformes con los del gobierno federal.

Según datos de la agencia de inmigración, hasta diciembre de 2025 existían 1220 acuerdos 287(g) en 40 estados, de los cuales 241 correspondían a agencias de Texas.

Aunque la ley entra en vigor el 1° de enero de 2026, el texto establece un plazo hasta el 1° de diciembre del mismo año para que todos los condados con obligación de suscribir acuerdos los hayan formalizado.