Andy Dragonné Reyes En Hidalgo, el huachicoleo no retrocede, prueba de ello son los números más recientes que vuelven a colocar a la entidad en el centro del debate y, de paso, cuestionan la efectividad del gobierno de Julio Menchaca Salazar frente a un delito que se ha incrustado en la vida pública como una red silenciosa, aunque persistente.  No faltan las voces locales que señalan omisiones y zonas de tolerancia protegida por funcionarios de la administración estatal, que incluyen verificadores y policías que son parte de la vigilancia de los grupos dedicados a la ordeña de ductos.  De enero a septiembre, Hidalgo acumuló mil 918 tomas clandestinas, la cifra más alta entre 22 estados monitoreados por Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) Observatorio Ciudadano. Algo que debe de llamar la atención, es que la región hidalguense no solo encabeza la estadística, también muestra una regularidad inquietante: el delito se despliega en 19 municipios, varios de ellos con actividad diaria.  Un claro ejemplo, se da en el Valle de Tulancingo, donde las autoridades federales, admiten que aparecen dos perforaciones cada día, casi como si se tratara de una rutina prevista, esto se debe a que se tienen toda una estructura de apoyo a los huachicoleros. Otro de los municipios es Cuautepec que vuelve a destacar con 413 tomas, seguido por Nopala, Santiago Tulantepec y Singuilucan, una franja donde el huachicol ha tejido redes familiares, comunitarias y criminales que no se desmantelan con operaciones aisladas.  El Ministerio Público federal abrió 356 carpetas entre enero y junio, suficientes para colocar al estado en el cuarto lugar nacional en investigaciones por robo de combustible. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que los operativos avanzan; sin embargo, los hechos recientes muestran otra realidad. A finales de noviembre, un centro clandestino con más de 160 mil litros de carburante fue asegurado.  En diciembre, tres camionetas cargadas con más de siete mil litros aparecieron abandonadas en Tepeapulco, días después, dos vehículos usados para trasladar combustible se incendiaron en Pachuca, un episodio que, según policías de la zona, refleja la presión entre bandas que disputan rutas. De acuerdo con los análisis de las áreas de seguridad de Pemex, “no es posible” que en municipios donde todo el mundo se conoce, resulta difícil pensar que la magnitud del delito pase inadvertida para las autoridades locales. Esa percepción alimenta la idea de que hay una red de protección, de omisiones o, cuando menos, una ineficacia que termina beneficiando a las organizaciones dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos. El gobierno estatal de Julio Menchaca Salazar promete ajustes, mientras el mapa delictivo sigue marcado por perforaciones, fugas, bodegas improvisadas y vehículos calcinados en brechas rurales.  No es un secreto que Hidalgo se mantiene en el primer sitio del huachicol y, a juzgar por los números, aún no hay señales claras de que vaya a soltarlo, todo gracias a la protección que le dan diversos funcionarios de la actual administración Contenidos Relacionados: Defensa detiene a 5 huachicoleros e inhabilita 7 tomas clandestinasEn Hidalgo, Pisaflores cumple 43 días sin alcalde ante rechazo a suplenteAndy Dragonné Reyes En Hidalgo, el huachicoleo no retrocede, prueba de ello son los números más recientes que vuelven a colocar a la entidad en el centro del debate y, de paso, cuestionan la efectividad del gobierno de Julio Menchaca Salazar frente a un delito que se ha incrustado en la vida pública como una red silenciosa, aunque persistente.  No faltan las voces locales que señalan omisiones y zonas de tolerancia protegida por funcionarios de la administración estatal, que incluyen verificadores y policías que son parte de la vigilancia de los grupos dedicados a la ordeña de ductos.  De enero a septiembre, Hidalgo acumuló mil 918 tomas clandestinas, la cifra más alta entre 22 estados monitoreados por Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) Observatorio Ciudadano. Algo que debe de llamar la atención, es que la región hidalguense no solo encabeza la estadística, también muestra una regularidad inquietante: el delito se despliega en 19 municipios, varios de ellos con actividad diaria.  Un claro ejemplo, se da en el Valle de Tulancingo, donde las autoridades federales, admiten que aparecen dos perforaciones cada día, casi como si se tratara de una rutina prevista, esto se debe a que se tienen toda una estructura de apoyo a los huachicoleros. Otro de los municipios es Cuautepec que vuelve a destacar con 413 tomas, seguido por Nopala, Santiago Tulantepec y Singuilucan, una franja donde el huachicol ha tejido redes familiares, comunitarias y criminales que no se desmantelan con operaciones aisladas.  El Ministerio Público federal abrió 356 carpetas entre enero y junio, suficientes para colocar al estado en el cuarto lugar nacional en investigaciones por robo de combustible. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que los operativos avanzan; sin embargo, los hechos recientes muestran otra realidad. A finales de noviembre, un centro clandestino con más de 160 mil litros de carburante fue asegurado.  En diciembre, tres camionetas cargadas con más de siete mil litros aparecieron abandonadas en Tepeapulco, días después, dos vehículos usados para trasladar combustible se incendiaron en Pachuca, un episodio que, según policías de la zona, refleja la presión entre bandas que disputan rutas. De acuerdo con los análisis de las áreas de seguridad de Pemex, “no es posible” que en municipios donde todo el mundo se conoce, resulta difícil pensar que la magnitud del delito pase inadvertida para las autoridades locales. Esa percepción alimenta la idea de que hay una red de protección, de omisiones o, cuando menos, una ineficacia que termina beneficiando a las organizaciones dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos. El gobierno estatal de Julio Menchaca Salazar promete ajustes, mientras el mapa delictivo sigue marcado por perforaciones, fugas, bodegas improvisadas y vehículos calcinados en brechas rurales.  No es un secreto que Hidalgo se mantiene en el primer sitio del huachicol y, a juzgar por los números, aún no hay señales claras de que vaya a soltarlo, todo gracias a la protección que le dan diversos funcionarios de la actual administración Contenidos Relacionados: Defensa detiene a 5 huachicoleros e inhabilita 7 tomas clandestinasEn Hidalgo, Pisaflores cumple 43 días sin alcalde ante rechazo a suplente

Hidalgo, sin freno ante el huachicol

2025/12/10 06:31
Lectura de 3 min
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En Hidalgo, el huachicoleo no retrocede, prueba de ello son los números más recientes que vuelven a colocar a la entidad en el centro del debate y, de paso, cuestionan la efectividad del gobierno de Julio Menchaca Salazar frente a un delito que se ha incrustado en la vida pública como una red silenciosa, aunque persistente. 

No faltan las voces locales que señalan omisiones y zonas de tolerancia protegida por funcionarios de la administración estatal, que incluyen verificadores y policías que son parte de la vigilancia de los grupos dedicados a la ordeña de ductos. 

De enero a septiembre, Hidalgo acumuló mil 918 tomas clandestinas, la cifra más alta entre 22 estados monitoreados por Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) Observatorio Ciudadano.

Algo que debe de llamar la atención, es que la región hidalguense no solo encabeza la estadística, también muestra una regularidad inquietante: el delito se despliega en 19 municipios, varios de ellos con actividad diaria. 

Un claro ejemplo, se da en el Valle de Tulancingo, donde las autoridades federales, admiten que aparecen dos perforaciones cada día, casi como si se tratara de una rutina prevista, esto se debe a que se tienen toda una estructura de apoyo a los huachicoleros.

Otro de los municipios es Cuautepec que vuelve a destacar con 413 tomas, seguido por Nopala, Santiago Tulantepec y Singuilucan, una franja donde el huachicol ha tejido redes familiares, comunitarias y criminales que no se desmantelan con operaciones aisladas. 

El Ministerio Público federal abrió 356 carpetas entre enero y junio, suficientes para colocar al estado en el cuarto lugar nacional en investigaciones por robo de combustible.

Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que los operativos avanzan; sin embargo, los hechos recientes muestran otra realidad. A finales de noviembre, un centro clandestino con más de 160 mil litros de carburante fue asegurado. 

En diciembre, tres camionetas cargadas con más de siete mil litros aparecieron abandonadas en Tepeapulco, días después, dos vehículos usados para trasladar combustible se incendiaron en Pachuca, un episodio que, según policías de la zona, refleja la presión entre bandas que disputan rutas.

De acuerdo con los análisis de las áreas de seguridad de Pemex, “no es posible” que en municipios donde todo el mundo se conoce, resulta difícil pensar que la magnitud del delito pase inadvertida para las autoridades locales. Esa percepción alimenta la idea de que hay una red de protección, de omisiones o, cuando menos, una ineficacia que termina beneficiando a las organizaciones dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos.

El gobierno estatal de Julio Menchaca Salazar promete ajustes, mientras el mapa delictivo sigue marcado por perforaciones, fugas, bodegas improvisadas y vehículos calcinados en brechas rurales. 

No es un secreto que Hidalgo se mantiene en el primer sitio del huachicol y, a juzgar por los números, aún no hay señales claras de que vaya a soltarlo, todo gracias a la protección que le dan diversos funcionarios de la actual administración

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