Golpes al pasado y silencio al presente: la justicia que persigue a unos y cuida a otros

En su columna Fiscalías contra PRIAN, nada contra Morena, publicada en Código Magenta, el periodista Ramón Alberto Garza exhibe lo que define como una operación quirúrgica de justicia selectiva: en cuanto salió Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, comenzaron a activarse expedientes “polvosos” contra figuras del viejo régimen, mientras los personajes cercanos al nuevo poder permanecen blindados.

Ahí están —enumera Garza— las acciones contra el exgobernador César Duarte, el avance contra Francisco Javier Cabeza de Vaca, los procesos que rodean a Silvano Aureoles y Roberto Sandoval. Todos del llamado PRIAN. Todo al mismo tiempo. Todo ruidoso. Todo oportuno.

El contraste es brutal: mientras esas carpetas avanzan con espectacularidad, el aparato de justicia se paraliza cuando se trata de los amigos, operadores, factureros y estructuras que siguen moviendo el huachicol, las aduanas y los contratos desde las entrañas del poder actual. Garza recuerda cómo varios de esos personajes, antes discretamente apartados, fueron incluso reapapachados en la plaza pública el sábado pasado, como si hubieran sido absueltos por decreto político.

El autor menciona los nombres que no deben pronunciarse en voz alta: Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Adán Augusto, ligado a grupos criminales; Raúl Rocha Cantú, casinero y huachicolero desaparecido cuando podía comprometer a medio Tabasco; y los Díaz Laguna, sobrinos de un alto mando naval, señalados por protección al huachicol en puertos estratégicos.

Garza cierra con un dato demoledor: en el sexenio de Peña hubo seis gobernadores presos de distintos partidos; en el de López Obrador y el primer año del actual gobierno, ni uno solo del entorno oficialista, ni grandes ni chicos.

Para Garza, la detención de César Duarte no fue justicia, sino distracción: una cortina de humo para cambiar la conversación tras la violencia, la represión y las protestas sociales. Hoy, mientras a Andy López, Adán Augusto, Daniel Asaf y el llamado “cártel de Macuspana” se les cuida, a los opositores se les persigue. No es combate a la corrupción: es el uso político y descarado de la justicia como arma de poder.

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