Economía y el candado fiscal: “cárcel” para quien toque la maquinita o gaste lo que no hay

El Consejo de Mayo presentó su informe final y los proyectos en los que reafirma el compromiso con la regla fiscal, mientras esperan que las reformas ayuden a mejorar la recaudación.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contó que los proyectos incluyen la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, un texto que prohíbe que el Presupuesto nacional tenga déficit. “Queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario”, relata el proyecto.

Además, establece ajustes de manera automática “ante desvíos”. Esto implica que, en el caso de que caigan los ingresos, deberá compensarse con una caída del gasto equivalente. Lo mismo ocurrirá en el caso de que haya un aumento del gasto. La potestad para restablecer el equilibrio queda en manos de la Secretaría de Hacienda, hoy a cargo de Carlos Guberman.

La adecuación comenzará en partidas que no tengan un monto mínimo de ejecución y luego se extenderá a otras, en caso de ser insuficiente.

Además, estipula que será delito que haya erogaciones del gasto sin su partida presupuestaria. El proyecto establece que toda ley que autorice gastos no contemplados en el presupuesto sólo comenzará a regir una vez que las partidas sean incluidas en la ley de presupuesto general “del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”. Se exceptúa a los casos en los que la ley garantice su financiamiento, sin afectar el resultado financiero.

Los proyectos que impliquen erogaciones o modifiquen gastos deberán contar con un análisis de la Secretaría de Hacienda sobre su impacto presupuestario de mediano plazo.

También califica como delito la emisión de adelantos transitorios por parte del Banco Central para financiar al Gobierno. Los funcionarios no podrán autorizar gastos o pagos que no estén en el presupuesto o no tengan recursos acreditados para su financiamiento.

El proyecto incluye pena de prisión de entre 3 y 10 años e inhabilitación absoluta por el doble de la condena al funcionario público del Banco Central que autorice la emisión en violación a la Carta Orgánica. La misma pena cabe para los funcionarios que la impulsen.

El Consejo propuso “reforzar el compromiso de no pedir autorizaciones de deuda si una provincia tiene déficit primario, excepto para rollover”, dijo Adorni, en medio de las colocaciones subnacionales y las tensiones con la provincia de Buenos Aires por su autorización. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la provincia no cumplía las condiciones para la aprobación de deuda, mientras que el gobernador Axel Kicillof aseguró que se trata de deuda para refinanciar vencimientos, por lo que pedía que se apruebe “rapidito”.

Para recortar el gasto hasta el 25% del PBI, sugieren un compromiso de congelamiento del gasto primario real y, “para alinear incentivos”, el acuerdo de que “las provincias que no adhieran o no cumplan las metas queden excluidas de recibir los Aportes del Tesoro Nacional”.

Este anticipo se da en medio de una situación fiscal compleja para las provincias, con ingresos que avanzan más lento que el gasto. Según Equilibra, el superávit financiero consolidado de las provincias en el primer semestre fue del 0,1% del PBI y proyectan que el año cierre con déficit financiero del 0,2%. Mientras tanto, las transferencias discrecionales se mantienen en mínimos (0,3% del PBI), en línea con las transferencias totales (7% del PBI).