Los fondos Burford (financia el juicio contra la Argentina e YPF en la causa por la expropiación de la petrolera a través de las empresas Petersen) y Eton Park volvieron a presionar en la Justicia de Nueva York para que altos funcionarios entreguen comunicaciones privadas de WhatsApp que, según los demandantes, contienen pruebas relevantes sobre el presunto “alter ego” entre el Estado y las empresas estatales.

En una presentación reciente, los fondos dijeron que la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ya ordenó al país entregar off-channel communications —mensajes enviados fuera de los canales oficiales—, porque estos chats deben considerarse información pública. Según los demandantes, la Argentina entregó hasta ahora “solo 200 páginas” de conversaciones provenientes de apenas cinco de los 36 funcionarios identificados como custodios de datos relevantes.

Los fondos sostienen que ese material confirma su hipótesis: que funcionarios nacionales utilizaban chats paralelos para tratar asuntos oficiales con directivos de YPF y Enarsa, la empresa estatal de energía encargada de las compras de gas natural licuado (GNL).

Como ejemplo, citaron grupos de WhatsApp donde participaban un exsubsecretario de Energía, directores de Enarsa y funcionarios nacionales en intercambios de documentos y discusiones de temas de gestión. Reclaman, además, que el país complete la entrega de chats de otros 25 funcionarios antes de fin de año, incluidos los del ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Advirtieron que, si no hay cumplimiento, pedirán sanciones.

La defensa del Gobierno

La respuesta argentina fue inmediata y apuntó a desacreditar el planteo. En su escrito, el Gobierno afirmó que el proceso de recolección de comunicaciones en dispositivos personales es “complejo y extremadamente demandante”, porque los teléfonos no son propiedad del Estado y muchos funcionarios permiten acceso solo a chats específicos, no a una copia completa del aparato.

Según la Argentina, ya se recuperó información de cinco de los 15 funcionarios que dieron su consentimiento y se está produciendo documentación “en forma continua y diligente”. Señala también que solo seis funcionarios se negaron a permitir la revisión —entre ellos Caputo y Quirno— amparándose en protecciones contempladas en la ley argentina. “No hay desacato: quienes se negaron ejercieron sus derechos”, argumentó el país.

El Gobierno agregó que otros altos funcionarios sí permitieron el acceso, como el secretario del Tesoro, Carlos Guberman, y los exjefes de Gabinete Guillermo Francos y Nicolás Posse. Además, sostiene que el volumen de material entregado por YPF, el Banco Nación y múltiples entidades financieras demuestra que la teoría de los demandantes es “inconsistente” y que no lograron probar que el Estado controle de manera dominante las operaciones de las empresas estatales.

En paralelo a la disputa por los WhatsApp, las partes discuten qué términos de búsqueda usarán para revisar correos oficiales. Burford asegura que la Argentina se niega a entregar un hit report —un reporte que muestra cuántos documentos coinciden con cada búsqueda— y que esto retrasa la producción. El Gobierno niega obstrucción y afirma que los demandantes exigen palabras clave irrelevantes para el caso.

El tribunal deberá decidir en los próximos días si obliga a la Argentina a acelerar la entrega de los chats privados. El reclamo de los fondos se produce en un momento crucial del litigio, en el que buscan probar que el Estado ejerce control operativo sobre YPF. Para el Gobierno, en cambio, se trata de un intento de “forzar evidencias” en un terreno sensible: los teléfonos personales de los principales funcionarios del país