La Legislatura porteña asegura que “fue un error” el cambio de un impuesto y que no lo aplicará

La Legislatura porteña había comunicado, en la mañana del 10 de diciembre, un cambio en el cálculo para el pago de Ingresos Brutos en autos y motos 0km. En el texto, se informaba una modificación que empezaría a regir a partir del 1° de enero de 2026 y que implicaba, según analistas, un aumento cercano al 8% en los precios de venta al público de las unidades.

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No obstante, fuentes legislativas le confirmaron a LA NACION que se trató de “un error administrativo” y que no se aplicará ningún cambio al cálculo de ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires. “Mañana se presentará un proyecto de ley firmado por todos los bloques de las distintas fuerzas políticas para dar marcha atrás con esto“, señalaron.

Lo que planteaba el texto publicado por la Legislatura era que se dejara de calcular la alícuota del 10% correspondiente al impuesto sobre la diferencia entre el valor de venta al público y lo facturado por la terminal automotriz y que se calculara sobre el precio total de venta al cliente.

Esto ocurría que, por ejemplo, si una concesionaria adquiría una unidad a una terminal por $50.000.000 y la vendía a sus clientes por $57.500.000, con el régimen actual debería abonar $750.000 en concepto de Ingresos Brutos. El cálculo se hizo sobre la diferencia entre ambos valores, pagando así la alícuota del 10% sobre esos $7.500.000 resultantes.

Con el nuevo régimen, se debería haber calculado sobre el monto final ($57.500.000), por lo que el impuesto hubiese sido, en este caso, de $5.750.000.

Además, el aumento de precios iba a estar afectado por otros tributos como el IVA o el impuesto al cheque, entre otros. “Si se buscaba mantener la misma utilidad bruta, el precio final al consumidor debería aumentar un 7,83%”, explicaba el tributarista Sebastián Domínguez.

Para revertir la situación, el nuevo proyecto de ley “se aprobará en marzo”. Hasta tanto eso ocurra, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) emitiría una resolución para impedir el pago del impuesto con esta modificación durante enero y febrero y mantener los lineamientos actuales.

“Esto demuestra que, cuando se dice que aumentan ingresos brutos a empresas o productores, termina impactando en el consumidor final que, además, no lo ve porque es un impuesto que no se discrimina", cerró Domínguez.