Policías, cárceles y fiscalías, claves para inseguridad

La organización Causa en Común presentó un documento con 120 propuestas puntuales para reconstruir las instituciones de seguridad y justicia en México.

Afirmó que la violencia que enfrenta el país tiene como origen el deterioro y la ineficacia de la mayoría de las instituciones federales y locales encargadas de garantizar la seguridad. A ello, agregó, se suma “la destrucción del Poder Judicial” y una política de militarización “que no funciona ni funcionará”.

Ante este escenario, Causa en Común insistió en la urgencia de un pacto nacional por la seguridad y la justicia, que convoque a especialistas, organizaciones sociales, académicos y ciudadanía, más allá de la polarización política.

También, destacó que la pregunta de Sheinbaum no es nueva y que las propuestas de múltiples actores se han expresado públicamente durante años, por lo que el documento busca sintetizar un conjunto de acciones viables para revertir el deterioro institucional.

Causa en Común planteó, en su documento, reformas profundas en tres ejes: el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Poder Judicial y las instituciones de derechos humanos y atención a víctimas.

Además entre los principales planteamientos se encontraron la depuración y profesionalización de policías, fiscalías y centros penitenciarios, con reglas homologadas de ingreso, evaluación y promoción; así como una política nacional de seguridad social para garantizar derechos laborales al personal de seguridad y justicia.

Por otro lado, se habló de contar con lineamientos claros sobre uso de la fuerza, capacitación y mecanismos de supervisión; recuperar el control de los centros penitenciarios, modernizar su infraestructura y profesionalizar a su personal, así como la creación de un Sistema Nacional de Información que transparente el desempeño de todas las instituciones.

Mientras que, para el Poder Judicial, se sugirió la creación de una Ley Nacional de Carrera Judicial con criterios meritocráticos, certificación obligatoria, exámenes de especialidad y mecanismos robustos para evitar conflictos de interés. También la ONG sugirió fortalecer las defensorías públicas y la infraestructura tecnológica.

En materia de derechos humanos y víctimas, se habló de reformar los procesos de selección de titulares de la CNDH y de la CEAV, dotar a la Comisión Nacional de facultades para emitir resoluciones vinculantes y crear un auténtico Sistema Nacional de Búsqueda con capacidades forenses y protección para quienes lo integran.

Sobre la desmilitarización, se advirtió que México debe transitar hacia un modelo de seguridad civil, con un plan de repliegue de las Fuerzas Armadas hacia sus funciones tradicionales. Pues se consideró que su presencia en tareas de seguridad debe ser excepcional y apegada a estándares internacionales.