La jueza federal de Maryland Paula Xinis ordenó la liberación de Kilmar Ábrego García, el migrante que había sido deportado por error a El Salvador y que luego fue regresado a Estados Unidos. Estaba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Según el fallo publicado este jueves, la jueza Xinis consideró que EE.UU. detuvo a Ábrego García sin autorización legal. En medio de una disputa judicial que lleva meses, la magistrada concedió el recurso de habeas corpus del salvadoreño y le otorgó la libertad.
Tras su salida de El Salvador, fue detenido en su regreso al país norteamericano. Aunque el viernes 22 de agosto pudo regresar a Maryland con su esposa e hijos, la alegría duró poco: el lunes 25 de ese mes volvió a quedar bajo custodia del ICE.
La determinación de la jueza cuestiona la legalidad justamente de ese último arresto, ya que consideró que se produjo sin una orden de remoción final. El fundamento es el requisito que impone la sección 1231 del Título 8 del Código de Estados Unidos.
Según el Legal Information Institute, este apartado indica que debe existir una orden de deportación para concretar la expulsión del migrante a un tercer país. Las autoridades de EE.UU. cuentan con un período de 90 días para hacerlo desde que se emite el documento.
A partir de la revisión de la información del caso disponible, la conclusión de la jueza fue que no se probó la existencia de la orden de remoción. En ese contexto, hizo lugar al pedido de Ábrego García y ordenó su libertad.
Luego de que se publicó el fallo, Tricia Mclaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), reaccionó con dureza a través de redes sociales.
Mediante una publicación en su cuenta de X (ex Twitter), la funcionaria apuntó contra Xinis y la acusó de dejarse llevar por su opinión política. “Esto es claro activismo judicial por parte de una jueza designada por Obama”, arremetió.
En esa misma línea, cuestionó la decisión judicial y aseguró que el DHS continuará con el proceso legal: “Esta orden carece de fundamento jurídico válido y la combatiremos con uñas y dientes en los tribunales”.
Al margen de ya no estar bajo custodia del ICE, Ábrego García queda sujeto a las cuestiones de libertad que disponga la Justicia para su situación, dado que tiene un caso penal en trámite.
El salvadoreño había entrado ilegalmente a EE.UU. en 2012. Aunque había solicitado asilo en 2019 y un fallo lo protegía de la deportación, fue detenido por el ICE y trasladado a El Salvador en marzo de 2025.
Los cargos penales que pesan contra Ábrego García se remontan a noviembre de 2022, cuando fue interceptado por agentes federales por conducir con exceso de velocidad en Tennessee. En el vehículo viajaban nueve pasajeros.
Aunque en el momento solo recibió una advertencia, en abril de 2025, se inició una investigación formal que lo acusa de trata de personas.
En específico, las autoridades aseguran que transportaba indocumentados entre Texas y Maryland, presuntamente a cambio de pagos de entre 1000 y 1500 dólares por persona.


