Lectura obligada
MANILA, Filipinas – Miembros de grupos de la sociedad civil y la iglesia presentaron una denuncia por saqueo contra la Vicepresidenta Sara Duterte ante la Oficina del Defensor del Pueblo el viernes, 12 de diciembre.
Los grupos basaron su denuncia en el presunto uso indebido de fondos confidenciales por parte de Duterte como vicepresidenta y cuando era secretaria del Departamento de Educación (DepEd).
Entre los denunciantes se encuentran los sacerdotes-activistas Flavie Villanueva y Roberto Reyes, la ex subsecretaria de finanzas Cielo Magno y la ex asesora de paz Teresita Deles, entre otros.
Además del saqueo, la denuncia también incluye las siguientes acusaciones contra la Vicepresidenta y algunos funcionarios de la Oficina de la Vicepresidenta (OVP) y del DepEd:
Una investigación legislativa reveló que los fondos contingentes del presupuesto nacional de 2022 fueron transferidos para los fondos confidenciales de 125 millones de pesos de la OVP, que la oficina de Duterte gastó en solo 11 días.
En junio, la Cámara de Representantes adoptó el informe del comité de buen gobierno que recomendaba la presentación de denuncias penales, civiles y administrativas contra la Vicepresidenta. El panel encontró que un total de 612,5 millones de pesos en fondos confidenciales fueron desembolsados bajo el liderazgo de Duterte tanto en la OVP como en el DepEd.
El Defensor del Pueblo Jesus Crispin "Boying" Remulla dijo en octubre que el informe del comité de la Cámara es una "buena guía" para evaluar el tema de los fondos confidenciales.
El tema de los fondos confidenciales también fue uno de los motivos de la denuncia de juicio político contra la Vicepresidenta. Según los Artículos de Juicio Político de la Cámara, Duterte presuntamente traicionó la confianza pública y cometió soborno y corrupción en el uso indebido y malversación de sus fondos confidenciales.
Duterte fue sometida a juicio político por la cámara baja, pero el juicio se interrumpió incluso antes de que pudiera comenzar, ya que la Corte Suprema anuló los artículos de juicio político contra la Vicepresidenta.
El saqueo es uno de los delitos más difíciles de procesar. Tiene tres elementos principales:
Además, el monto en cuestión no se trata solo del valor del dinero en las supuestas transacciones cuestionables, sino que debe ser el monto de la riqueza mal habida supuestamente adquirida para enriquecimiento personal.
No es tan simple como alegar que Duterte había hecho un mal uso de sus fondos — los denunciantes deben probar que la Vicepresidenta supuestamente acumuló el monto en cuestión para enriquecerse.
"El segundo elemento de amasar, acumular o adquirir riqueza mal habida se realizó a través de (1) apropiación indebida, conversión, uso indebido y malversación; y a través de (2) disposición ilegal y fraudulenta de activos pertenecientes al Gobierno Nacional", dice la denuncia.
En la estafa del barril de cerdo, Janet Lim Napoles fue declarada culpable de saqueo porque se demostró que los proyectos eran inexistentes, y los fondos discrecionales que excedían los 50 millones de pesos se habían utilizado para enriquecerse.
Pero este no fue el caso de peces gordos como el senador Jinggoy Estrada y los ex senadores Bong Revilla y Juan Ponce Enrile, quienes fueron absueltos de saqueo porque el tribunal anticorrupción dijo que los elementos de saqueo estaban ausentes en sus respectivos casos. En el caso de Estrada, fue condenado por soborno.
El concepto de "saqueador principal" también surgió en la estafa del barril de cerdo, requiriendo que la fiscalía demuestre que hay un actor principal en un caso para probar que se había cometido saqueo.
"La única conclusión lógica que se puede extraer de las circunstancias es que los fondos confidenciales de la OVP y el DepEd fueron saqueados por los demandados, con la Demandada Duterte como la 'saqueadora principal'", dice la denuncia contra Duterte. – Rappler.com


