Pacto nacional, para enfrentar la extorsión con más rigor: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ante el aumento de 23.1 por ciento de la extorsión, anunció la puesta en marcha del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, el cual, dijo, representa “un paso decisivo” para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales.

El funcionario, en el marco de la 52A Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, explicó que este acuerdo, el cual fue aprobado por los 32 gobernadores, establece la armonización legislativa en los estados, la creación de áreas especializadas en las fiscalías, el fortalecimiento de la operación del 089 y la elaboración de un manual nacional que indique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito.

Detalló que con ello se busca dar mayor certidumbre a las víctimas y consolidar un enfoque nacional que permita a todas las entidades federativas actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes.

Recordó que, desde que se implementó la Estrategia Nacional Contra la Extorsión del pasado 6 de julio por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas en el número único de denuncia 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República.

El pasado martes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, reconoció que la extorsión es el único delito de alto impacto que no ha logrado reducirse en los últimos años, al aumentar 23.1 por ciento.

García Harfuch dio a conocer, por otro lado, la incorporación de la Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al Sistema Nacional de Información.

Al respecto, el funcionario aseguró que integrar esta base al sistema nacional no es solamente una mejora técnica, sino un compromiso para que todas las instituciones cuenten con registros unificados, actualizados y verificables, que permitan dar un seguimiento más preciso, mejorar la coordinación y fortalecer los procesos de búsqueda e investigación.

“Con ello, buscamos que cada dato tenga un respaldo institucional sólido y que cada acción esté orientada a brindar respuestas más oportunas y humanas a quienes enfrentan la ausencia de un ser querido”, comentó.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó, en el caso de delitos de secuestro y extorsión, la importancia de revisar y ampliar la figura de identidad reservada.

“Es necesaria una reforma al artículo 220, párrafo segundo, última parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, en que se establezca que: puede subsistir el anonimato, reserva de identidad de la persona o personas protegidas hasta el momento del desahogo de la prueba. Todo ello con el objetivo de que el pueblo de México logre cero impunidad”, propuso el mandatario.