Una ley que entra en vigor el 1º de enero de 2026 en Illinois ofrece protección a los ciudadanos que fueron obligados a asumir un préstamo sin el consentimiento propio. El gobernador del estado, J.B. Pritzker, firmó la norma en agosto pasado.
En ese sentido, la ley firmada por Pritzker determina que las personas que fueron obligadas a permitir que su identidad fuera utilizada por otras para adquirir una deuda no son responsables de pagarla, en la sección 9.6.
La nueva legislación indica que la víctima tiene que presentar un informe policial, una orden judicial o ciertos documentos que prueben que sufrió coacción en ese proceso. Además, ante la agencia de cobranza, se debe completar una declaración escrita de deuda coercitiva, en la que tendrá que incluir:
A su vez, la agencia correspondiente está obligada a confirmar la recepción de los papeles y, si aplica, a suspender de forma temporal las actividades de cobro y reportes de crédito.
Posteriormente, se otorga un plazo de 90 días a la entidad para revisar las evidencias y determinar si se trata o no de una deuda coercitiva.
En caso afirmativo, se cancelarán definitivamente los cobros del préstamo. Con una conclusión negativa, emitirá una explicación escrita al solicitante.
La norma firmada por Pritzker en el Estado de la Pradera también contempla sanciones por certificaciones fraudulentas.
Así, establece que “una agencia de cobranza que no cumpla con cualquiera de los requisitos de la sección 9.6, como no suspender el cobro o no revisar la declaración, es responsable ante el deudor” por daños reales y deberá responder por:
Para los acusados de perpetrar una deuda coercitiva, la ley establece que deberán responder ante la agencia de cobranza por el monto total del préstamo que aún tenga pendiente el afectado.
Y, por otra parte, tendrá que indemnizar al deudor por daños reales, los pagos que ya realizó, los embargos que pueda sufrir o cualquier costo relacionado con la situación.
