La Justicia dispuso que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento. El Juez Marrin Cornick hizo lugar a una cautelar del Consejo Interuniversitario Naiconal (CIN) para que el Ejecutivo cumpla con la actualización de los salarios universitarios y del monto de las becas estudiantiles.

En el último día que le quedaba dep plazo para hacerlo, el Gobierno finalmente promulgó la ley de financiamiento universitario, que insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial.

Sin embargo, al igual que sucedió con la ley de discapacidad, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.

Pese a que fueron sostenidas por las dos cámaras del Congreso este año luego de haber sido vetadas por Poder Ejecutivo bajo el argumento de que incrementan de “manera desproporcionada” el gasto público y generan un desequilibrio fiscal, ambas normas nunca fueron implementadas por el Gobierno.

La ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Senado el 22 de agosto pasado y vetada por el Presidente el 11 de septiembre. La Cámara de Diputados y el Senado insistieron con esta ley y dejaron sin efecto el veto.

Ahora, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11 hizo lugar a la cautelar de los rectores y dispuso el cumplimiento inmediato de los artículos 5° y 6° de la norma que solicitan el ajuste salarial y de las becas.

La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias. El año pasado, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó.

En noviembre pasado, el sueldo bruto de un profesor adjunto con dedicación exclusiva sin antigüedad no llegó a los $1.600.000. El decreto con el que vetaron la iniciativa aprobada reconoce que los salarios acumulan una pérdida del 40%.

La semana pasada, la justicia federal restableció la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad. La decisión fue del juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charvay, que hizo lugar a un amparo colectivo y suspendió la vigencia del el art. II del Decreto 681/25, que frenaba la aplicación de la ley y obligaba al Congreso a decir de dónde sacaba los fondos para la implementación.

La decisión judicial surgió tras un amparo colectivo impulsado por padres de niños con discapacidad y diversas asociaciones civiles, quienes denunciaron que el Gobierno, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la ley, pero suspendió sus efectos. El juez sostuvo que hubo una violación a la división de poderes y un “veto encubierto”, cuando el Presidente tenía la obligación de promulgar la norma.

El Ejecutivo deberá pagar una compensación para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Además de saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

El Gobierno había intentando, además, derogar ambas leyes con el proyecto de Presupuesto que presentó. Finalmente ese artículo no fue aprobado. felicidea“Es un hecho muy importante. Una semana después de que el gobierno quiso nuevamente llevarse puesta la institucionalidad con el art.75 del presupuesto, que llegue esta disposición sienta un precedente clave en lo que viene”, opinó Joaquín Carvalho, titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

“Muy satisfecho de seguir dando los pasos institucionales desde el CIN, desde haber solicitado una ley de financiamiento al Congreso, ante la falta de presupuesto nacional, y ahora que el Poder Judicial confirme que la ley es aplicable, y no puede ser suspendida por un decreto del Poder Ejecutivo”, dijo a LA NACION Oscar Alpa, presidente de la institución que nuclea a los rectores.

Presupuesto

Al presentar el presupuesto en septiembre pasado, entre los temas sensibles que enumeró el presidente Javier Milei comenzó con las universidades y dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% nominalmente con respecto al que se había previsto para este año que rondaba los $4,2 billones.

Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%.

Queda a su vez muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída de fondos estatales en general entre 2023 y 2026, según ACIJ.

El reclamo de los fondos y la defensa por la universidad pública fue el pedido que logró convocar a la primera marcha masiva contra la administración de Milei en marzo de 2024. La segunda movilización llegó en octubre del año pasado y este año, en septiembre fue la tercera. Hay algunas partidas como infraestructura que este año no se ejecutaron, pese a que contaban con un presupuesto.