En un fallo reciente, la Corte Suprema rechazó el pedido del gobierno de Donald Trump para retirar la suspensión sobre el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Chicago. La máxima autoridad judicial dijo que el reclamo no está justificado. Además de una victoria para el alcalde, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, la decisión parece debilitar las chances de que la medida sobreviva en todo Estados Unidos.
El documento judicial se publicó este martes 23 de diciembre. Esta intervención responde a un pedido de la administración Trump para revisar el caso, luego de que dos tribunales inferiores bloquearon la asignación de militares para este propósito en la ciudad más populosa de Illinois.
El argumento del gobierno republicano fue que la acción de la Guardia Nacional era necesaria para proteger a agentes federales. Según el pedido, los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sufrían agresiones durante los operativos federales y estaban en peligro.
Sin embargo, la Corte Suprema falló en contra del pedido y mantuvo la suspensión, en una decisión donde destacan algunas claves:
El caso de la ciudad de Illinois no es único, sino que es un ejemplo de una estrategia que el presidente republicano aplicó en distintos sitios.
Ya sea con la justificación de proteger a agentes federales o de ordenar una supuesta situación de caos, Trump envió tropas a cinco ciudades, todas gobernadas por demócratas. Estas fueron:
Cada una de estas decisiones desembocó en conflictos judiciales que tuvieron distintas resoluciones.
Más allá de los recursos particulares que presentó cada una de las ciudades, el fallo de la Corte Suprema puede marcar un obstáculo mayor en el futuro para esta estrategia. El rechazo del máximo tribunal marca un precedente y puede complicar el eventual despliegue de la Guardia Nacional en cualquier sitio.
En paralelo al fallo de la Corte Suprema, esta semana el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el gobernador de Illinois, Pritzker, y el fiscal general, Kwame Raoul.
La presentación judicial fue contra las leyes HB 1312, denominada “Illinois Bivens Act” y la SB 2730, llamada “Court Access, Safety, and Participation Act“, ambas recientemente aprobadas.
Al igual que en el reclamo para habilitar el despliegue de la Guardia Nacional, la administración Trump argumenta que estas normas imposibilitan la tarea de los agentes federales y los ponen en riesgo.


