Durante los últimos meses de 2025, el marco migratorio de Estados Unidos registró modificaciones relevantes en distintas áreas. Entre las últimas actualizaciones del año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un nuevo cambio relacionado con el proceso de asilo.
La denominada “Regla Final sobre Prohibiciones de Seguridad y Procesamiento” será retomada dentro de las políticas migratorias de Trump. Aunque esta norma fue aprobada en 2020, su implementación fue postergada en repetidas ocasiones y nunca llegó a aplicarse en su totalidad.
Con el nuevo aviso del DHS difundido en el Registro Federal, la regla entrará finalmente en vigor el 31 de diciembre de 2025, pero con modificaciones.
En concreto, se decidió retirar parte de las enmiendas procesales originales y mantener únicamente las disposiciones sustantivas relacionadas con la salud pública y la seguridad nacional.
“Estos cambios permiten al DHS y al DOJ conservar la facultad de considerar los riesgos para la salud pública como una prohibición en el proceso de asilo”, explicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) en un comunicado oficial.
La actualización del DHS confirma que ciertas emergencias de salud pública pueden ser consideradas una amenaza para la seguridad de EE.UU. dentro del marco legal del asilo. Según la norma vigente desde el 31 de diciembre de 2025, estas circunstancias pueden constituir una barrera tanto para el programa como para la suspensión de la deportación.
De acuerdo con el texto oficial, una persona extranjera puede ser considerada un riesgo para la seguridad si presenta síntomas de una enfermedad transmisible o si ha estado expuesta durante su período de incubación y contagio. Esta evaluación se aplica en el contexto de emergencias de salud pública reconocidas por las autoridades federales.
La nueva norma también mantiene la facultad conjunta del DHS y el DOJ para designar regiones o países que atraviesen epidemias como zonas de riesgo sanitario. Las personas provenientes de esas áreas pueden ser consideradas no elegibles para el asilo si se determina que su ingreso representa un peligro.
Si bien las disposiciones sobre salud pública se mantienen, la actualización de 2025 elimina varios cambios procesales que habían sido incluidos en la versión de 2020. Uno de los principales retiros afecta a las normas relacionadas con las entrevistas de temor creíble.
Las agencias federales explicaron que estas enmiendas fueron descartadas para evitar contradicciones regulatorias. Desde 2020, otras reglas y políticas ya habían modificado el procedimiento de temor creíble, por lo que mantener esos cambios habría generado superposición de normas y dificultades en la aplicación práctica.
Aunque se eliminaron los cambios procesales vinculados al temor creíble, la actualización aclara que las consideraciones de salud pública siguen como relevantes desde las etapas iniciales del proceso. Los oficiales de asilo y los jueces de inmigración pueden aplicar las barreras de seguridad obligatorias durante las evaluaciones preliminares.
Esto implica que, aun sin modificar formalmente el procedimiento de entrevistas, las autoridades pueden tener en cuenta los riesgos sanitarios como parte del análisis sobre elegibilidad. La decisión final dependerá de la evaluación individual del caso y del contexto de salud pública vigente al momento de la revisión.
Antes de la entrada en vigor de la regla final, el 2 de diciembre de 2025, el Uscis emitió un memorando de políticas que ordenó la suspensión temporal de todas las solicitudes de asilo.
La directiva instruye a colocar en pausa el procesamiento de todos los formularios I-589, correspondientes a solicitudes y suspensión de remoción, sin distinción de nacionalidad. Esta medida se mantendrá hasta que la agencia complete una verificación exhaustiva de los procedimientos y criterios aplicables.
El Uscis reconoció que la suspensión provocará demoras en la tramitación de los casos, pero indicó que la decisión responde a la necesidad de reforzar los controles vinculados a la seguridad nacional y la seguridad pública.
“La regla definitiva junto con el memorando constituyen un paso más en nuestros esfuerzos continuos por apoyar las prioridades de la administración Trump”, detalló la agencia. “Con esto garantizamos que a los extranjeros que representen un peligro para la seguridad de EE.UU. no se les conceda asilo ni se les suspenda la deportación”, agregó.


