El Gobierno apelará el fallo que dejó sin efecto el protocolo antipiquetes

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno nacional apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado protocolo antipiquetes, una de las principales herramientas impulsadas por la gestión libertaria para regular las protestas sociales y los cortes de calle.

“Sin protocolo no hay orden, hay caos”, sostuvo la funcionaria en un mensaje difundido en su cuenta de X, donde calificó la decisión judicial como un “avance de la vieja política” y aseguró que el Ejecutivo no retrocederá en la aplicación de la medida. “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”, afirmó.

Monteoliva defendió el esquema al señalar que es una herramienta que “le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, y remarcó que será sostenido por el Gobierno “a toda costa”. En esa línea, también vinculó el fallo con sectores opositores al oficialismo y cuestionó el accionar del magistrado que lo dictó.

“El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre falla contra el Gobierno”, escribió la ministra, y agregó que quienes celebran la resolución son “los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”.

La funcionaria insistió en que los principales perjudicados por la decisión judicial son “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y cerró su mensaje con una definición política: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

El fallo que dejó sin efecto el protocolo fue dictado este lunes por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La resolución frenó la vigencia del esquema oficial para contener movilizaciones sociales y cortes de calles, al considerar que vulnera derechos constitucionales.