El Gobierno acusa el golpe por la corrupción en la ANDIS y asegura que su disolución no recortará prestaciones

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, meses después de que estallara un escándalo de corrupción que salpicó a Karina Milei y provocó la salida de Diego Spagnuolo, íntimo del Presidente. La decisión fue el eje más sensible de la última conferencia de prensa del año del jefe de Gabinete Manuel Adorni y llegó acompañada de un balance político de gestión, definiciones económicas y decisiones en materia de comunicación oficial, además de respuestas sobre minería, fondos para las provincias y nombramientos pendientes en el Gobierno.

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“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir”, confirmó Adorni, al explicar que el organismo acumuló con el paso de los años “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. Según el jefe de Gabinete, esa autonomía derivó en un esquema sin controles efectivos, que terminó afectando el destino de recursos sensibles.

Para justificar la medida, enumeró irregularidades detectadas en auditorías y relevamientos internos: “Personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico”, además de organizaciones que facturaban servicios sin prestarlos. Citó el caso de la Fundación Metas, que, según describió, funcionaba en una vivienda precaria “sin agua, sin electricidad ni mobiliario”, donde solo se encontraron “suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”.

El rediseño implica que las políticas de discapacidad pasarán a depender directamente del Ministerio de Salud, con “criterios sanitarios en todas las decisiones”, trazabilidad de expedientes y auditorías permanentes. También incluye la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa “una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del área”. Adorni buscó despejar temores ante un anuncio sensible: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni prestaciones. No se corta absolutamente ninguna prestación”, remarcó.

El trasfondo político del cierre del organismo también remite al escándalo de los audios de Spagnuolo, que estalló en agosto de este año y expuso presuntas maniobras internas, pedidos irregulares y circuitos informales de gestión dentro del área vinculada a discapacidad. Aquellas grabaciones —difundidas públicamente y replicadas en distintos medios— dieron el puntapié inicial a la causa que ahora se tramita en los tribunales, al tiempo que reforzaron la idea de que la ANDIS se había convertido en una estructura difícil de auditar y controlar. El interventor designado fue Alejandro Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, de estrecho vínculo con el ministro Mario Lugones.

“Un cambio de época”

En el mismo mensaje, el jefe de Gabinete celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, a las que definió como “probablemente las más importantes de la historia argentina reciente”. Sobre la denominada ley de leyes, destacó que es el “primer presupuesto aprobado con déficit cero y sin estar en default” y sostuvo que su sanción implica “un cambio de época, un nuevo paradigma para la gestión de lo público”.

Adorni recordó que durante los dos primeros años de gestión el Gobierno debió gobernar con presupuestos prorrogados y apuntó contra la herencia recibida. “Venimos de un presupuesto que proyectaba 60% de inflación y terminó siendo más del triple”, dijo, en referencia al último año del gobierno anterior. Para el jefe de Gabinete, el Presupuesto 2026 no es “un cheque en blanco para el poder de turno”, sino “un contrato con toda la sociedad”, basado en una regla fiscal explícita: “Si el Estado recauda más de lo previsto, baja impuestos; si recauda menos, ajusta el gasto público”.

En ese sentido, defendió también la Ley de Principio de Inocencia Fiscal como un giro frente a un “régimen persecutorio” que, según dijo, trató durante décadas a los ciudadanos como sospechosos. “Los argentinos nos acostumbramos a vivir bajo un sistema donde quien ahorraba era tratado como un delincuente”, afirmó, y sintetizó el espíritu de la norma con una consigna repetida a lo largo de la conferencia: “Lo tuyo es tuyo. Tus dólares, tu decisión”. Detalló el régimen simplificado de Ganancias, la suba de los umbrales penales por evasión y la reducción del plazo de prescripción, además de señalar que 17 provincias ya firmaron convenios de intercambio de información con ARCA.

Adorni confirmó, además, que el Ministerio de Seguridad apelará el fallo que busca frenar el protocolo antipiquetes. “Estar en contra del protocolo es estar en contra de la ley y del orden”, sostuvo, y reivindicó la línea 134 de denuncias. Según afirmó, el esquema permitió garantizar la libre circulación y evitar el regreso a “más de 8.000 piquetes anuales” que, aseguró, caracterizaban a la gestión anterior.

Otro de los anuncios relevantes fue la reconversión de planes sociales en vouchers educativos. “Los planes sociales se van a transformar en vouchers para la capacitación”, dijo Adorni, al precisar que unos 900.000 beneficiarios del Plan Volver al Trabajo deberán capacitarse para sostener el beneficio. El esquema combinará oficios tradicionales y competencias tecnológicas, con acuerdos con empresas como Mercado Libre, Arcos Dorados y Quilmes. “Generar empleo en blanco en el sector privado es una obsesión de este gobierno”, sintetizó.

En materia de seguridad y control territorial, informó la aprobación de un financiamiento para adquirir cuatro helicópteros AW109, junto al banco francés CASIB, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el control de los espacios marítimos jurisdiccionales de la Argentina.

Durante la ronda de preguntas, Adorni aclaró que los Aportes del Tesoro Nacional (ATNs) se asignan “a pedido y en función de emergencias”, como eventos climáticos u otras situaciones excepcionales, y defendió su uso para asistir a provincias.

El jefe de Gabinete defendió también el desarrollo minero, al que definió como una oportunidad de “trabajo, inversión y futuro”, y recordó que los recursos son provinciales, por lo que cada distrito definirá su estrategia. “No hay una justificación real para no desarrollar la minería”, sostuvo, al comparar a la Argentina con países de la región que exportan varias veces más en ese sector.

Por otro lado, consultado por una queja de la vicepresidenta Victoria Villarruel por partidas asignadas al Senado, Adorni habló de un error técnico de distribución en algunos incisos del Presupuesto, que será reacomodado tras su promulgación. “El número global está bien, lo que falló fue la distribución”, explicó. Mientras que sobre una eventual designación de Diego Valenzuela en el Gobierno nacional, fue cauto: “Cuando esté firmada, lo vamos a comunicar”.

Hacia el final, confirmó la extensión del decreto de pauta oficial cero por al menos un año más y volvió a invitar al gobernador Axel Kicillof a “tomar el mismo rumbo”. Agradeció el acompañamiento ciudadano, destacó que se cumplió la mitad del mandato y afirmó que “por primera vez en muchos años diciembre fue un mes en el que los argentinos debatieron el futuro, sin saqueos ni desorden en las calles”.

“Argentina ha cambiado para siempre”, cerró Adorni. “Por primera vez tenemos un presidente que cumple con lo que promete”. Con el cierre del ANDIS como punta de lanza, el Gobierno condensó su narrativa de fin de año: orden fiscal, control del espacio público y reconversión de la política social. El impacto concreto de esas decisiones empezará a medirse en 2026.

PL/MC