El Gobierno nacional eliminó la Agencia Nacional de Discapacidad para integrarla al Ministerio de Salud. Manuel Adorni anunció la medida este martes en la Casa Rosada tras la detección de irregularidades administrativas y una investigación judicial por supuestos sobornos.

¿Por qué el Gobierno decidió disolver la Agencia Nacional de Discapacidad?

La disolución de la entidad responde a la necesidad de sanear el sistema de prestaciones y eliminar la falta de control en el manejo de los recursos. Manuel Adorni explicó que la autonomía de la que gozaba el ente desde su creación en 2017 generó “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. El vocero comunicó que “la Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.

La administración nacional busca unificar los criterios sanitarios y presupuestarios para evitar la superposición de funciones. Según informaron fuentes de Balcarce 50 a LA NACION, “la medida busca ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias”. El Gobierno sostiene que esta transformación representa un cambio profundo en la gestión y no implica una reducción de derechos para los beneficiarios. Alejandro Vilches, quien trabajó como interventor de la agencia, lidera la nueva secretaría por su experiencia en sistemas de salud pública y privada.

En la misma línea, el funcionario evitó hablar de la causa judicial que involucra a Spagnuolo y argumentó que debido a la “autonomía” de dicha agencia se generó un “descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

“Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas, cuyos familiares seguían cobrando la pensión; pensiones otorgadas sin documentación válida; médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico, y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, sostuvo.

El impacto del escándalo judicial en el organismo

La reforma institucional sucede en medio de una causa judicial que investiga el cobro de coimas dentro de la Andis. El conflicto inició con la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, anterior titular de la agencia y exabogado de Javier Milei. Las grabaciones sugieren que funcionarios de la dependencia percibieron sobornos de empresas farmacéuticas a través de la droguería Suizo Argentina. La denuncia menciona de forma extraoficial a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, aunque el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi no los involucraron formalmente en el expediente.

El Presidente echó a Spagnuolo de su cargo tras el inicio de las actuaciones en tribunales. La fiscalía solicitó este mes nuevas indagatorias para el exdirector y Miguel Ángel Calvete, quien operaba de manera extraoficial en la agencia y su familia tiene vínculos con los hechos investigados. El Gobierno presentó ante la justicia la información que documentó Vilches durante el periodo de intervención. La Casa Rosada negó las acusaciones contra la secretaria general y el asesor presidencial.

El destino de los fondos presupuestarios

El Ministerio de Salud confirmó que las partidas del Presupuesto 2026 destinadas originalmente a la agencia pasarán a la nueva secretaría que comandará Vilches. El Gobierno mantiene su política de equilibrio fiscal a pesar de los reclamos de las organizaciones del sector.

Javier Milei vetó este año la ley de emergencia en discapacidad porque la norma afectaba la estabilidad de las cuentas públicas y los familiares de los pacientes denunciaron que el ajuste recayó sobre la calidad de las prestaciones médicas.

El Jefe de Gabinete insistió en que la transformación “no implicará una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”. El objetivo oficial reside en garantizar que el dinero llegue a los usuarios de forma directa y transparente. La nueva estructura bajo el mando de Lugones y Vilches pretende eliminar los intermediarios y las irregularidades detectadas en la gestión anterior.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Rossi.