A través de contratos millonarios con empresas privadas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puso en marcha un sistema de “cazarrecompensas” que combina vigilancia digital, seguimiento físico y el uso de herramientas de inteligencia para localizar personas con órdenes de deportación, según reveló un informe periodístico.

El ICE y el programa de “cazarrecompensas” para deportaciones

Documentos de contratación analizados por The Intercept indicaron que el ICE ya contrató a diez empresas privadas para llevar adelante su programa de “skip tracing”, un método que consiste en rastrear y ubicar personas mediante bases de datos, análisis en línea y vigilancia en el terreno.

El objetivo declarado fue identificar y seguir a migrantes dentro del país norteamericano a cambio de incentivos económicos.

Según esos registros, el organismo federal apuntó a un universo potencial de hasta 1,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos.

El programa se lanzó formalmente en noviembre y varias de las compañías ya comenzaron a cobrar por sus servicios. En conjunto, las firmas recibieron más de 1 millón de dólares hasta el momento y podrían superar los US$1000 millones en pagos totales cuando los contratos finalicen en 2027.

Qué empresas privadas contrató el ICE para rastrear migrantes

El informe detalló que el abanico de compañías incluyó perfiles muy diversos, desde gigantes de la consultoría federal con experiencia en inteligencia militar hasta investigadores privados especializados en vigilancia física. Algunas de ellas fueron mencionadas por primera vez en relación con este programa.

Entre las firmas identificadas se encontraron:

• Empresas con antecedentes en agencias de espionaje y el Pentágono.
• Consultoras que ya trabajaron para el Departamento de Seguridad Nacional.
• Investigadores privados que ofrecieron seguimiento presencial y digital.
• Una subsidiaria de una de las mayores compañías privadas de prisiones del país norteamericano.

Ninguna de las diez empresas mencionadas realizó comentarios públicos sobre su participación en el plan, según consignó The Intercept.

Qué empresas privadas contrató el ICE para rastrear migrantes

Los contratos revelaron un fuerte incentivo económico. La mayor ganadora potencial fue Capgemini Government Solutions, una consultora con sede en McLean, Virginia, que podría percibir más de US$365 millones.

La firma acumuló una extensa trayectoria al trabajar con los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional, además de prestar servicios de inteligencia directamente para el ICE.

En segundo lugar, apareció Bluehawk LLC, radicada en Florida, con un posible ingreso superior a los US$200 millones. Se trata de un contratista histórico del Pentágono y de la comunidad de inteligencia estadounidense, especializado en recolección y análisis de información, así como en tareas de contrainteligencia.

Las empresas contratadas: de la “guerra contra el terrorismo” al control migratorio

Uno de los puntos que destacó la investigación fue el origen de varias de estas empresas, cuyas capacidades se desarrollaron durante operaciones militares y de inteligencia posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Bluehawk, por ejemplo, anunció en septiembre que comenzaría a realizar trabajos de contrainteligencia para el Departamento de Seguridad Nacional, enfocándose luego en inmigración.

Entre sus asesores figuran nombres de peso dentro del aparato de seguridad estadounidense, como Ronald Burgess, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa, y Dell Dailey, general retirado del Ejército que encabezó el Comando Conjunto de Operaciones Especiales tras los ataques de 2001.

El informe describió este viraje como una reutilización de herramientas diseñadas para escenarios bélicos ahora aplicadas a la persecución de migrantes dentro del país norteamericano.

Cómo el ICE usa vigilancia digital y física para rastrear migrantes

El informe de The Intercept también expuso el rol de empresas con un perfil claramente investigativo. Gravitas Investigations, con un potencial ingreso superior a US$32 millones, afirmó ofrecer “operaciones de vigilancia integral”.

En su material promocional, la firma aseguró que seguía a las personas “a pie, en vehículo y en cualquier lugar legal”, al documentar sus movimientos con cámaras ocultas y dispositivos de alta definición.

La empresa señaló además que utilizaba intensivamente redes sociales y datos en línea para ubicar a sus objetivos. Una lógica similar presentó Fraud Inc., que dijo trabajar con bases de datos públicas y privadas, análisis de redes sociales y grabaciones de video, e incluso mencionó la obtención de imágenes aéreas “legalmente”.

Prisiones privadas y un circuito completo de control

Uno de los casos analizados fue el de BI Incorporated, una subsidiaria de GEO Group, uno de los mayores operadores privados de cárceles en Estados Unidos. BI se especializa en el seguimiento de migrantes y, según el informe, podría ganar hasta US$121 millones por su labor como cazarrecompensas antes de 2027.

La particularidad reside en que GEO Group no solo participa en la localización de personas, sino también en su posterior detención. De ese modo, la empresa quedó posicionada para obtener ingresos en múltiples etapas del proceso de deportación, desde la identificación hasta el encarcelamiento.