El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial una reforma de la ley de inteligencia por decreto y sin trámite legislativo. Los cambios generaron polémica inmediata con la oposición, que se quejó tanto por los alcances del texto -que se filtró ayer-, como por la forma en que se instrumentó. Por lo tanto, los detractores de la administración libertaria ya adelantaron que intentarán dar de baja la medida en el Congreso.

De momento, el kirchnerismo, el interbloque Unidos y la izquierda ya se expresaron como fervientes detractores de la decisión. En las últimas horas, los opositores redoblaron la presión para que Martín Menem y Victoria Villarruel avancen con las designaciones de los integrantes de comisión bicameral de Inteligencia y de Trámite Legislativo a fin de considerar la validez del DNU y sus reformas en la estructura de la SIDE.

Las claves del decreto

Más poder para Caputo

Según el Decreto 941/2025 firmado por el presidente Javier Milei, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional.

Este punto le otorga más poder al estratega Santiago Caputo, quien controla esta sensible dependencia del Estado a través de Cristian Auguadra.

La oposición -tanto del kirchnerismo, como los bloques provinciales- consideró que esta modificación traerá como consecuencia un “Estado policial” que perseguirá a opositores.

Según la Casa Rosada, la intención de la medida es que la Argentina tenga un sistema de inteligencia nacional “moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”, como así también impulsar un proceso de "racionalización y achicamiento" de la estructura, para concentrar las capacidades del sistema de inteligencia en su función esencial.

El rol de Adorni

• Se crea una nueva oficina en el marco de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, que se llamará Centro Nacional de Ciberseguridad y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Adorni es un ladero clave de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De esta forma, por primera vez desde que arrancó la gestión libertaria, la hermana presidencial pondrá un pie en el mundo de la inteligencia, que siempre comandó el asesor Caputo.

Los agentes podrán “aprehender”

• El decreto les reconoce a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la condición de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.

El comunicado que emitió el Gobierno este viernes para justificar los cambios no mencionó nada sobre este punto, pero aseguró que la reforma está “alineada con los más altos estándares democráticos”.

Por el contrario, los dirigentes de la oposición cuestionaron este apartado, que es uno de los que más polémica desató.

“[Este punto] contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”, dijeron desde el interbloque Unidos (conformado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal).

Por su parte, la diputada nacional kirchnerista Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, planteó: “Imaginate un policía que no precisa ir de uniforme y que puede aprehender personas por presumir que atentan contra el orden constitucional. El riesgo es el espionaje interior, la persecución política de los disidentes y la impunidad del poder".

Se sumó a los cuestionamientos la diputada nacional de la izquierda Myriam Bregman, quien enfatizó: “No es urgente ni legítimo habilitar que un agente de la SIDE pueda detener a una persona. Eso es totalmente ilegal. No se puede disponer por decreto sobre la libertad y la vida de los habitantes”.

El papel de las Fuerzas Armadas

• Se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y se transfieren tanto los bienes como los compromisos, derechos y obligaciones a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Este punto también generó controversia. El diputado nacional y exministro de Defensa Jorge Taiana, del kirchnerismo, aseguró que de esta manera las Fuerzas Armadas autonomizan la inteligencia, en detrimento del control civil que hacía el Ministerio de Defensa.

Según el Gobierno, antes había una "superposición innecesaria de funciones" con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, por lo que ahora se consolidará un “esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa”.

“Carácter encubierto”

• Cambian denominaciones del rubro. El artículo uno establece que todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten “carácter encubierto” en virtud de su “sensibilidad” y con el fin de minimizar el riesgo.

El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, dijo que la declaración como “encubiertas” de todas las actividades de inteligencia derivará en “chau transparencia” y “chau control” de los fondos reservados. “Están construyendo una caja negra gigante financiada con tus impuestos”, aseguró.

Formalizan la contrainteligencia

• El decreto formaliza la contrainteligencia como un término legal.

“[El decreto] extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el sector público nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles”, arremetieron desde Provincias Unidas.

“Un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica... Peligroso”, exclamó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien dijo que este apartado le permitirá al Gobierno “influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia”.

En la vereda opuesta, desde la SIDE afirmaron: “La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa [en el texto del decreto] como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”.

La nueva estructura

• Se modifican nombres de órganos de la SIDE: la Agencia de Seguridad Nacional pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia; la Agencia Federal de Ciberseguridad se transforma en la Agencia Federal de Ciberinteligencia, y la División de Asuntos Internos será la Inspectoría General de Inteligencia.

“El decreto avanza peligrosamente hacia una lógica de espionaje político, militarización de funciones civiles y restricción de derechos al renombrar la Agencia Federal de Inteligencia como Agencia Nacional de Contrainteligencia y clasificar como ‘encubiertas’ sus operaciones”, sostuvo el senador kirchnerista Jorge “Coqui” Capitanich.

De acuerdo al Gobierno, que se reorganice la Agencia de Seguridad Nacional como Agencia Nacional de Contrainteligencia permite eliminar “superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y la falta de control”.

Cambios

• Se crean la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, integradas por órganos y organismos públicos, con la finalidad de compartir información entre la secretaría de inteligencia y otras áreas; por ejemplo, de las fuerzas policiales, de seguridad federales o armadas.

Según el Gobierno, este sistema eliminará la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantizará la transparencia interna y fortalecerá los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional.