La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ultima los detalles de una transformación estructural en el sistema sanitario de las fuerzas federales. El Gobierno nacional publicará la próxima semana en el Boletín Oficial un decreto para desvincular a los agentes de Gendarmería y Prefectura de la actual administración estatal y transferir su atención médica al sector privado.

Las obras sociales privadas a las que podrían acceder los miembros de las fuerzas federales

El equipo del Ministerio de Seguridad mantuvo reuniones con los principales actores del mercado de la salud a lo largo de 2025. Los funcionarios Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa, y Gustavo Gavassa lideraron las conversaciones para definir a los posibles oferentes. Las firmas consultadas para brindar el servicio incluyen a Swiss Medical, OSDE, Galeno, Medicus y Avalian.

La intención oficial apunta a la cobertura directa de estas prepagas para los 197.000 beneficiarios del sistema. El decreto con la firma del presidente Javier Milei habilitará el proceso licitatorio. Un punto central del diálogo con los privados radica en la logística territorial, ya que el 60% de los efectivos reside en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Corrientes y Misiones. El 40% restante se ubica en 150 puntos geográficos distintos. El desafío consiste en garantizar la atención médica en cada destino donde el Estado despliega a sus agentes.

El origen de la reforma y el descontento con la prestación estatal

La decisión política surge de un relevamiento realizado por la cartera de Seguridad sobre 90.000 efectivos. Los resultados expusieron la crisis de confianza en el sistema vigente. El 80% de los encuestados solicitó una alternativa distinta y el 46% paga un servicio de salud privado adicional al descuento obligatorio estatal. La senadora Patricia Bullrich y su sucesora Monteoliva consideraron determinante esta duplicidad de costos para impulsar la modificación.

Esta medida implica la disolución del vínculo de las fuerzas de seguridad con el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), un organismo que quedará bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Defensa y pasará a denominarse IOFA. El ministro de esa área, Carlos Presti, acordó la continuidad del servicio actual para el personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El impacto del déficit financiero y las deudas millonarias

El estado contable del IOSFA aceleró la transformación. El instituto enfrenta una deuda superior a los $200.000 millones y un déficit operativo mensual cercano a los $10.000 millones, como informó LA NACION sobre el recorte de prestaciones esenciales y la afectación de tratamientos críticos por falta de fondos.

El exministro de Defensa y actual diputado, Luis Petri, ordenó una auditoría integral sobre el organismo para el período 2019-2025 antes de dejar su cargo en el Ejecutivo. El funcionario vinculó el colapso financiero al diseño institucional de la fusión decretada en 2013.

Las autoridades de Seguridad y Defensa gestionan soluciones financieras ante el Ministerio de Economía para sanear el pasivo. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, comunicó la evaluación del ministro Luis Caputo para autorizar partidas presupuestarias y cubrir el rojo financiero durante la transición hacia el nuevo esquema de aseguramiento privado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Pablo Fernández Blanco.