México y 5 naciones más condenan acciones militares unilaterales en Venezuela
Los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay expresaron este 4 de enero de 2026 su preocupación y rechazo ante los hechos recientes ocurridos en Venezuela, tras condenar de manera conjunta acciones militares ejecutadas de forma unilateral en territorio venezolano, al considerar que contravienen principios fundamentales del derecho internacional.
A través de un comunicado, los gobiernos firmantes subrayaron que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo y la negociación, y con respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas. En ese sentido, enfatizaron que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede derivar en una solución democrática y sostenible, con pleno respeto a la dignidad humana.
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Además, señalaron que dichas acciones violan la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Advirtieron además que estos hechos constituyen un precedente peligroso para la paz y la seguridad regional, al tiempo que ponen en riesgo a la población civil.
También reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz, basada en la solución pacífica de las controversias, la no intervención y el respeto mutuo entre los Estados. Los países llamaron a fortalecer la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad del continente.
Por otro lado, en el documento, los gobiernos firmantes exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional.
Finalmente, los gobiernos manifestaron su preocupación ante cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos en Venezuela, al advertir que estas acciones son incompatibles con el derecho internacional y amenazan la estabilidad política, económica y social de la región.
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