Analistas advierten riesgos de especulación y alza en costos por cupos a importaciones de carne
El reciente decreto que fija cupos de importación de carne de res (70,000 toneladas) y de cerdo (51,000 toneladas) ha generado un debate: las organizaciones de productores apoyan la medida de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que analistas privados alertan que, debido a fallas estructurales, esta acción podría incrementar el costo de los alimentos en lugar de frenar la inflación.
Por un lado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) calificaron la medida como trascendental para brindar certidumbre jurídica y proteger la planta productiva nacional.
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Para los ganaderos, este esquema protege directamente a 750,000 pequeños y medianos productores de bovino, mientras que para los porcicultores representa un paso firme hacia la soberanía alimentaria, con la ambiciosa meta de que la industria nacional abastezca el 70% del mercado interno para el año 2030.
Sin embargo, esta visión optimista contrasta con el análisis crítico del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), que señala que la mecánica de licitación elegida para asignar estos cupos desvirtúa el propósito original del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Según el organismo consultor, el proceso de licitación encarece el producto, incentiva la especulación y funciona más como un mecanismo recaudatorio que como una herramienta de abasto.
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“Resulta particularmente preocupante que el volumen asignado a la carne de cerdo no se alinee con el déficit real de abasto industrial, lo que podría generar cuellos de botella en la cadena de suministro”, dijo su director Juan Carlos Anaya.
A pesar de que el decreto fue sometido a consulta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), las voces críticas subrayan que los comentarios técnicos del sector no fueron incorporados en la versión final, lo que refleja una falta de transparencia y criterios claros en el otorgamiento de los volúmenes.
Mientras el gobierno Federal asegura que estas acciones garantizan la estabilidad del mercado y el bienestar de las familias rurales, la realidad del mercado sugiere que la opacidad en las reglas de operación limitará la efectividad de los cupos, presionando los precios al alza y dejando al consumidor final vulnerable ante un esquema que no asegura un abasto complementario ordenado.
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