Reforma laboral: el Gobierno acepta cambios y la CGT prepara una contrapropuesta

La CGT y el Gobierno coinciden en un punto y es que la reforma laboral tiene el número para aprobarse en el Congreso, pero no sin modificaciones. En el Gobierno, esta convicción es el resultado del triunfo interno del ala dialoguista, que prefiere introducir algunos cambios en la ley –como la derogación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) o una flexibilización en la limitación del derecho a huelga– a fin de asegurarse una victoria legislativa. Santiago Caputo quiere negociar con la CGT y la CGT observa que tiene más chances de limitar la reforma a través del diálogo con Casa Rosada que con los votos peronistas.

El futuro de la reforma laboral: la doble ventanilla de negociación de la CGT y la lucha por el corazón de los gobernadores

En Azopardo, donde se encuentra la sede central de la CGT, predomina cierta irritación. Con el Gobierno, pero fundamentalmente con el PJ, a quien acusan de haberse corrido de la pelea por los votos. “Si la política nos escuchara no saldría ningún artículo. Pero nos mandan a nosotros a juntar los votos y después le echan la culpa al sindicalismo de los problemas de la política”, masculla, molesto, un dirigente de la central sindical. 

La CGT es quien viene encabezando, hace más de un mes, las conversaciones con senadores y gobernadores. A todos les dicen lo mismo: plantean su preocupación por los aspectos regresivos de la reforma laboral de Javier Milei, advierten sobre los artículos que más afectan la supervivencia de los sindicatos y les piden no acompañar la ley. La mayoría de sus interlocutores son aliados del Gobierno, peronistas como Martín Llaryora, radicales como Maximiliano Pullaro o PRO no libertarios como Ignacio Torres. 

Los gobernadores suelen mostrarse receptivos, atentos a algunos de los puntos más groseramente antisindicales –como la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos o la primacía de los convenios por empresa por sobre los de actividad–, pero en la CGT desconfían. Más de uno de sus interlocutores en el Senado le prometió, a fines de diciembre, que no acompañaría el dictamen de Patricia Bullrich y, cuando finalizó el debate en comisión, estamparon la firma igual.

El Gobierno no es invencible, advierten, pero tampoco la oposición. Los negociadores de la CGT, entre los que están los triunviros Jorge Sola y Cristian Jerónimo, pero también muchos sindicalistas de peso, como Gerardo Martínez (UOCRA), advierten que el Gobierno quedó empoderado tras la sanción del Presupuesto, y que será muy difícil romper la red de alianzas del oficialismo. “Andá a decirle que los senadores de Catamarca que voten en contra de la ley después de que el Gobierno les dio una minera”, ironiza un dirigente sindical, aludiendo al decreto presidencial que le transfirió, hace un par de días, el control sobre los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio al gobernador peronista Raúl Jalil.

Frente a este escenario, la mesa chica de la CGT trabaja en una contrapropuesta que ofrecer al ala dialoguista del Gobierno. Una alternativa al texto de Federico Sturzenegger, el más radical de todos los funcionarios de Casa Rosada, que permita garantizar la paz social, por parte de la CGT, y la inviolabilidad de los derechos sindicales, por parte del Gobierno. Un compromiso. 

Los artículos invotables

El Gobierno aceptó, finalmente, que deberá introducir modificaciones al proyecto de modernización laboral si quiere sancionarlo en febrero, cuando comiencen las sesiones extraordinarias. Lo reconoció la propia Patricia Bullrich, el canal oficial de negociación en una dinámica política plagada de canales informales, en una entrevista a Infobae: “El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios (en el proyecto de reforma laboral) para llegar a los votos necesarios”, aseguró la jefa del oficialismo en el Senado, luego de adelantar que retomaría las conversaciones con los senadores a partir del 15 de enero. 

Así como la CGT tiene su estrategia dual –que consiste en endurecer, para afuera, la guerra contra el Gobierno mientras, puertas adentro, se mantienen los canales de negociación–, los embajadores políticos de La Libertad Avanza también. Por un lado, la negociación con los gobernadores y senadores, que está a cargo de Bullrich y Diego Santilli. Y, por el otro, la negociación con la CGT, que está a cargo de Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Y cada sector tiene, respectivamente, sus artículos invotables.

En el caso de la CGT, como ya anticipó elDiarioAR, el objetivo es proteger los derechos colectivos que sostienen el modelo sindical argentino. Esto incluye, por ejemplo, la protección al derecho a huelga, que se encuentra amenazado por la ampliación del listado de “actividades esenciales” –es decir, que están obligadas a garantizar un “servicio mínimo” del 75% de la actividad en caso de una medida de fuerza– que plantea el proyecto del Ejecutivo. También la protección de las obras sociales, que la CGT denuncia que podría entrar en crisis si se recorta, como plantea el proyecto, los aportes patronales que las financian.

La limitación de la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos, mientras tanto, es otro artículo “invotable” porque esconde, tal como denuncian los especialistas laboralistas, una eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias que aportan los trabajadores no afiliados. 

Pero no son solo los sindicalistas los que plantean sus objeciones. Los gobernadores ya le advirtieron al Gobierno que el artículo 191 del proyecto, que reduce las alícuotas de Ganancias de las grandes empresas, podría implicar pérdidas millonarias en materia de recaudación para las provincias (ya que el 60% del impuesto a las Ganancias es coparticipable). Una reforma tributaria, escondida en la reforma laboral, que los mandatarios advirtieron que no acompañarán.

Otro punto, cuestionado por la CGT pero también por muchos senadores radicales, tiene que ver con la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL). Este fondo es una alternativa al régimen de indemnizaciones y se financiaría con el aporte obligatorio del 3% que los empleadores destinan a la seguridad social. Es decir que el proyecto plantea financiar las indemnizaciones con el dinero destinado a las jubilaciones. “Van a desfinanciar el sistema previsional”, advierten sus detractores en el Senado.

Los artículos invotables se acumulan y, a partir de la semana que viene, el Gobierno profundizará las negociaciones para ver qué puntos blinda y cuáles suelta. El objetivo, advierten en Casa Rosada, es que la ley salga. Cualquier ley.

MCM