El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que comenzó a trabajar con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) en la operación Parris en Minnesota. El objetivo de la iniciativa es reexaminar miles de casos de refugiados para luchar contra el fraude migratorio.

El DHS lanza operación Parris en Minnesota: los refugiados cuyos casos serán analizados

Mediante un comunicado de prensa, el Uscis informó que junto con el DHS avanzarán con nuevas comprobaciones de antecedentes y una verificación intensiva de las solicitudes de refugio. El enfoque inicial se centra en los 5600 refugiados en Minnesota que aún no obtuvieron la residencia permanente legal, también conocida como green card.

De acuerdo con la agencia, ya comenzaron a remitir los casos de fraude y otros delitos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En el comunicado, un portavoz del DHS declaró que “Minnesota es la zona cero de la guerra contra el fraude”. Luego, agregó que la administración del presidente Donald Trump “no se quedará de brazos cruzados mientras el sistema de inmigración es utilizado como arma por quienes buscan defraudar al pueblo estadounidense”.

Los esfuerzos del Uscis en el estado norteño se basan en los resultados de la Operación Twin Shield. Esta investigación reciente reveló un fraude migratorio generalizado en el área de Minneapolis-Saint Paul, donde posteriormente el gobierno federal desplegó 2000 agentes de inmigración.

Según informó Fox News, los 5600 refugiados son procedentes de países considerados problemáticos e incluidos en las proclamaciones de prohibición de viaje de Trump. En esta lista figuran naciones como Venezuela, Haití, Cuba, Sudán, Yemen e Irán, entre otros.

Qué es la operación Parris, lanzada por el DHS en Minnesota

La Operación Parris, cuyas siglas significan Reverificación y Fortalecimiento de la Integridad de Refugiados Posterior a la Admisión, es liderada por el nuevo centro de verificación de antecedentes del Uscis.

De acuerdo con el DHS, forma parte de una estrategia más amplia para implementar estándares de investigación más rigurosos. Estas directivas exigen que las agencias federales identifiquen e implementen nuevas mejoras en la revisión de antecedentes para “proteger al país de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad pública”.

Si un funcionario público identifica que una persona representa un problema de seguridad nacional o pública, o descubre que un refugiado ha cometido un fraude migratorio, la agencia iniciará inmediatamente los trámites para la deportación.

La operación continuará hasta que el DHS haya revisado todos los casos seleccionados, y según adelantó Fox News podría ampliarse más allá de Minnesota.

Fraude en Minnesota: las acusaciones del gobierno federal

En la última semana, la administración Trump desplegó 2000 agentes de inmigración en Minnesota como respuesta al fraude recientemente descubierto.

La investigación comenzó luego de que el youtuber conservador Nick Shirley publicara un video en sus redes sociales en el que afirmaba que casi una docena de guarderías en Minnesota que reciben fondos públicos en realidad no prestan ningún servicio.

Tras su difusión, la administración Trump anunció la suspensión de la financiación federal para guarderías en el estado. Además, el presidente calificó a Minnesota como un “centro de actividades fraudulentas de lavado de dinero”.

Si bien estas investigaciones son nuevas, están estrechamente relacionadas con varios casos de fraude en programas sociales que se remontan a 2021.

Desde aquel año, la Fiscalía imputó a más de 90 personas en casos de irregularidades en Minnesota, con más de 60 condenas hasta la fecha, según registros judiciales citados por CBS News.

A principios de este mes, los fiscales federales dijeron que el fraude total en los programas de Medicaid de Minnesota podría alcanzar los 9000 millones de dólares. No obstante, el gobernador Tim Walz rechazó estas cifras, y estuvo de acuerdo con una estimación previa del primer fiscal adjunto de EE. UU., Joe Thompson, quien calculó que el dinero ascendía a US$1000 millones.