El inicio de la administración de Zohran Mamdani al frente de la ciudad de Nueva York estuvo marcado por una serie de decisiones orientadas a revisar políticas heredadas. Entre ellas, una orden ejecutiva de emergencia que impacta de manera directa en el funcionamiento del sistema carcelario, en particular en la prisión de Rikers Island, uno de los complejos penitenciarios más grandes de Estados Unidos.

Qué dice la orden ejecutiva de emergencia impulsada por Mamdani

La disposición fue presentada como una respuesta a lo que el nuevo gobierno considera un incumplimiento prolongado de obligaciones legales durante la administración anterior de Eric Adams. Según el comunicado oficial, la orden busca que las agencias municipales alineen sus prácticas con normas locales y federales ya vigentes.

“La negativa de la administración anterior a cumplir con sus obligaciones legales en Rikers nos ha dejado con una situación preocupante que tardará en resolverse”, dijo Mamdani: “Para solucionar esto, firmo una nueva orden ejecutiva de emergencia que instruye a las agencias pertinentes a desarrollar un plan de cumplimiento en un plazo de 45 días”.

Ese período, que se extiende hasta el 19 de febrero de 2026, obliga al Departamento de Corrección y al Departamento Jurídico de la ciudad a presentar un plan detallado que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de la Junta de Correcciones, organismo encargado de regular las condiciones de detención.

“También instruyo al Departamento Jurídico a colaborar con el monitor federal y las partes en los tribunales para que podamos poner fin al aislamiento”, detalló el alcalde. “Trabajaremos estrechamente con el monitor federal y las partes para que la ciudad vuelva a encaminarse hacia el fin del aislamiento lo antes posible”, agregó.

Qué implica la aplicación de la Ley Local 42

El eje central de la medida está puesto en la aplicación efectiva de la Ley Local 42, aprobada por el Concejo Municipal en 2023 y promulgada en 2024. Esa legislación establece límites estrictos al uso del aislamiento y prohíbe el confinamiento solitario prolongado dentro de las cárceles de la ciudad como Rikers Island, algo que hasta ahora no había sido implementado de forma plena.

Además, redefine los llamados “confinamientos de emergencia” que puede aplicar el Departamento de Corrección. La legislación establece límites temporales y exige reportes detallados cada vez que se recurre a medidas de encierro por razones de seguridad. Con esto se impone la obligación de documentar las circunstancias, la duración y las personas afectadas por estas prácticas.

Según lo retomado por New York Post, durante la administración anterior, la ciudad sostuvo que el confinamiento solitario ya no se utilizaba de forma sistemática desde 2019 y que la ley podría interferir con herramientas necesarias para mantener el orden interno. Esa postura derivó en un conflicto legal con el Concejo Municipal y en pedidos judiciales para bloquear la aplicación de la norma.

La nueva administración de Mamdani modificó esa estrategia. En lugar de buscar frenar la ley, instruyó a las agencias a diseñar un plan que permita cumplirla bajo la supervisión federal existente, con el objetivo de reducir el uso del aislamiento y avanzar hacia su eliminación.

La repuesta a la orden ejecutiva de Mamdani

La Asociación Benéfica de Oficiales Correccionales de Nueva York (COBA, por sus siglas en inglés) expresó su rechazo a la prohibición del aislamiento punitivo, al considerar que limita herramientas necesarias para manejar situaciones de violencia dentro de las cárceles.

“La reclusión no ha existido en nuestras cárceles en décadas. Ningún preso permanece encerrado solo en una celda durante 24 horas seguidas”, aseguró el jefe del sindicato, Benny Boscio, en un comunicado oficial. “Aplicamos el aislamiento punitivo exclusivamente a aquellos que han agredido a funcionarios penitenciarios y a reclusos no violentos”, explicó.

Según el sindicato, la eliminación de estas prácticas podría afectar la seguridad del personal y de otros internos. “Solo el año pasado, hubo casi 700 agresiones a nuestros funcionarios penitenciarios, incluidas 26 agresiones sexuales. Hubo 158 incidentes con cuchilladas y 123 apuñalamientos”, agregó.

Debido a este contexto, el jefe de COBA pidió que el alcalde recorra las instalaciones y dialogue con los trabajadores antes de que expire la orden de emergencia.

“Mantener el aislamiento punitivo es fundamental para mantener la seguridad en nuestras cárceles”, aseguró Boscio. “La vida de todos en nuestras instalaciones está en juego”, finalizó.