Glaciares: la pérdida de hielo del Perito Moreno calienta el debate entre provincias, ambientalistas y científicos

El sonido no es nuevo, pero ya no significa lo mismo. Un golpe seco, breve, seguido de un estruendo sordo que se expande sobre el Canal de los Témpanos. El hielo se parte, cae y levanta una ola que dura apenas unos segundos. Desde las pasarelas del Parque Nacional Los Glaciares, el movimiento es constante: filas de turistas de todo el mundo avanzan, se detienen, apuntan cámaras, esperan el próximo desprendimiento. La escena se repite durante todo el día, como si el glaciar estuviera cumpliendo con una rutina prevista. La diferencia es que hoy se sabe que esa secuencia no responde a un equilibrio persistente, sino a una retirada que ya no tiene marcha atrás.

El Glaciar Perito Moreno, uno de los símbolos naturales más reconocibles del país, atraviesa un proceso de retroceso que los científicos califican como irreversible. En los últimos siete años perdió 1,92 km2 de superficie —el equivalente a unas 320 canchas de fútbol— y su espesor se reduce a una velocidad que, en algunos sectores, se duplicó en el último bienio. Durante casi un siglo, entre 1917 y 2018, el glaciar había logrado sostener una relativa estabilidad. Esa condición excepcional ya no existe.

Los datos no surgen de una observación aislada ni de una temporada anómala. Son el resultado de más de tres décadas de mediciones continuas, imágenes satelitales, estudios de campo y monitoreo climático. “Si se mantienen las condiciones actuales, el proceso de retroceso es irreversible”, advirtió en un artículo de LA NACIÓN Pedro Skvarca, ingeniero geofísico y una de las máximas autoridades en glaciología del país, durante una conferencia reciente en el Glaciarium de El Calafate. Skvarca sigue el pulso del Perito Moreno desde fines de los años noventa y documentó, paso a paso, el tránsito desde un glaciar en equilibrio hacia un sistema en franco desequilibrio.

La explicación es técnica, pero sus consecuencias son concretas. El aumento sostenido de la temperatura regional, la disminución de las nevadas en las zonas altas, el desacople del glaciar de antiguas morenas subacuáticas y el avance del frente hacia sectores de mayor profundidad generan un proceso encadenado. A medida que el hielo se adelgaza, pierde presión, flota con mayor facilidad y acelera su descarga en el frente. Esa aceleración produce más desprendimientos, más pérdida de masa y, a su vez, un nuevo adelgazamiento. Es un sistema de retroalimentación que, una vez iniciado, solo se detiene cuando el glaciar encuentra una nueva posición de control, más atrás.

Este escenario científico coincide en el tiempo con una discusión política que atraviesa al Congreso y reconfigura el debate ambiental en la Argentina. El gobierno nacional impulsa una modificación de la Ley Nacional de Glaciares (26.639), una norma sancionada en 2010 que establece presupuestos mínimos de protección para los ambientes glaciares y periglaciares en todo el país. El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en el Senado y será tratado en sesiones extraordinarias en febrero de 2026.

El núcleo de la reforma no es menor. Propone redefinir qué cuerpos de hielo deben protegerse y, sobre todo, quién debe tomar esa decisión. En la iniciativa oficial, el valor hídrico de cada glaciar quedaría bajo evaluación de las provincias, y no de un criterio científico homogéneo a escala nacional. Para los gobiernos provinciales que impulsan el cambio —en especial San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy— y para el sector minero, la modificación permitiría destrabar proyectos considerados estratégicos, sobre todo de cobre y litio.

Según datos oficiales relevados por LA NACION, de los 325 proyectos mineros en cartera, al menos siete podrían verse beneficiados de manera directa si la ley se modifica. Aunque representan una porción menor del total, varios de ellos figuran entre los más rentables del país y se ubican en zonas hoy protegidas por la normativa vigente, principalmente sobre glaciares de escombro del ambiente periglacial.

Desde el ámbito científico, la discusión se mira desde otro lugar, más largo en el tiempo y menos atado a la coyuntura. Lucas Ruiz, glaciólogo del IANIGLA, lleva más de quince años dedicado al estudio de los glaciares y una vida entera transitando territorios modelados por el hielo. Creció en contacto con paisajes glaciares, en la Patagonia y en la región cordillerana, mucho antes de saber que existía una disciplina específica para estudiarlos. “Cuando empecé a formarme me sorprendió descubrir lo complejo que es un sistema glaciar, cómo responde a leyes físicas muy precisas, a la dinámica, a los esfuerzos. Eso es lo que sigue siendo atrapante”, explica.

Con el tiempo, su foco se desplazó. Ya no trata sólo de comprender cómo los glaciares dieron forma al paisaje, sino de entender qué está ocurriendo hoy con esos sistemas y qué consecuencias tiene su deterioro. “Muchas veces hablamos de actividades que afectan a los glaciares, pero hay que pensar también al revés: la pérdida de glaciares afecta a un montón de actividades humanas”, señala. El turismo es una de ellas, como ocurre en El Calafate, pero no la única ni la más crítica. “En muchas regiones, lo que está en juego es la pérdida de fuentes de agua. Y al final de todo, de eso estamos hablando”.

Esa mirada es la que traslada al debate por la Ley de Glaciares. Para Ruiz, la discusión no puede reducirse a una lista de cuerpos de hielo protegidos o excluidos. “No se está discutiendo solamente qué glaciar se protege, sino el carácter mismo de una ley de presupuestos mínimos”, advierte. Ese tipo de normas, explica, fija un piso ambiental común para todo el país, con un estándar homogéneo. “Al delegar ese estándar en cada provincia, se rompe esa lógica y se habilitan criterios desiguales, atravesados por intereses económicos o coyunturas políticas”.

También cuestiona la simplificación con la que suele presentarse el tema en la esfera pública. “El debate tiende a concentrarse en los grandes glaciares visibles, como el Perito Moreno, que nadie discute que deben ser protegidos. El problema es pensar que solo importa el hielo espectacular”, plantea. El ambiente periglacial —glaciares de escombro, cuerpos de hielo cubiertos por sedimentos— cumple un rol clave en la regulación hídrica y, en muchos casos, todavía no se comprende del todo su funcionamiento ni su importancia futura. “Justamente por eso el criterio tiene que ser preventivo y homogéneo. Hay cosas que hoy no sabemos y que pueden ser estratégicas mañana”.

En un contexto de cambio climático, Ruiz subraya que el enfoque debería ser inverso al que propone la reforma. “La ley de glaciares no necesita ser cambiada, necesita ser cumplida”, sostiene. Fortalecer controles, invertir en monitoreo, construir capacidades técnicas en las provincias. “Eso es lo que hacen otros países. La seguridad jurídica se logra manteniendo las reglas, no adaptándolas según los proyectos que estén sobre la mesa”.

El sistema de glaciares argentino abastece de agua, de manera directa o indirecta, a más de siete millones de personas, cerca del 18% de la población del país. En provincias áridas, donde la escasez hídrica es un problema estructural, los glaciares y manchones de nieve funcionan como reservorios naturales que regulan los caudales a lo largo del año. En un contexto de sequía prolongada y aumento de temperaturas, ese rol se vuelve aún más decisivo.

Quienes defienden la reforma sostienen que las provincias cuentan con capacidad técnica para evaluar el impacto de los proyectos y que la ley actual resulta excesivamente restrictiva. Desde el sector científico y ambiental, en cambio, se advierte que la modificación implica una regresión normativa, debilita al organismo técnico encargado del inventario y la evaluación de los glaciares, y erosiona el espíritu de una norma pensada como piso ambiental común.

El contraste es difícil de ignorar. Mientras en el Congreso se discute quién define qué hielo importa y bajo qué criterio, el Perito Moreno —uno de los glaciares más estudiados del planeta— ofrece una evidencia contundente: incluso los sistemas que durante décadas lograron resistir el calentamiento global pueden perder su equilibrio cuando las condiciones climáticas de fondo cambian de manera sostenida.

La ciencia es clara en un punto central. Más allá de cualquier legislación, el principal motor del retroceso glaciar es el cambio climático de origen antrópico. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir los compromisos internacionales es la única vía real de mitigación. Las leyes, en ese marco, no detienen el deshielo, pero sí ordenan el territorio y fijan límites frente a actividades que pueden acelerar procesos ya en marcha.

Desde las pasarelas, el glaciar sigue rompiéndose con la misma violencia sonora de siempre. El hielo cae, el agua se agita, las cámaras vuelven a levantarse. Lo que cambió es la certeza que lo rodea: el gigante que avanzaba y retrocedía según sus propios ciclos, ahora sólo se desplaza hacia atrás de manera sostenida. En ese retroceso —medido en metros, en años y en decisiones políticas— se condensa una discusión mayor: cómo se administra el agua en un país que entra, con cada desprendimiento, un poco más en la era del deshielo.