Frente al fuego: castigo y cooperación

Los devastadores incendios que hoy consumen miles de hectáreas en la Comarca Andina de Chubut –una superficie que ya supera la de la ciudad de Buenos Aires– no admiten ambigüedades ni eufemismos. La Justicia ha confirmado lo que desde el inicio señalaban vecinos y brigadistas: el fuego fue intencional, iniciado de manera deliberada y, en algunos casos, con el uso de acelerantes. No se trata de un evento climático ni de un infortunio estacional, sino de un delito grave, con consecuencias humanas, ambientales y económicas de enorme magnitud.

Mientras el fuego avanza, el Estado despliega casi 300 brigadistas, recursos aéreos y logística de emergencia para contener una catástrofe que afecta viviendas, infraestructura, bosques nativos y actividades productivas. La recompensa de 50 millones de pesos ofrecida para obtener información sobre los responsables es una medida legítima y necesaria. Pero sería un error grave pensar que el problema se agota en la identificación de los autores materiales.

La intencionalidad marca un punto de inflexión. Provocar incendios forestales en contextos de sequía extrema, altas temperaturas y vientos persistentes equivale a poner en riesgo vidas humanas, arrasar bienes públicos y privados, destruir patrimonio natural irreparable y comprometer el futuro de comunidades enteras. Estos hechos no pueden seguir encuadrándose en figuras penales leves ni en sanciones que resultan claramente insuficientes frente al daño causado.

Es hora de revisar el marco penal aplicable a los incendios intencionales. Las penas deben reflejar la gravedad real del delito y cumplir una función disuasiva efectiva. No alcanza con sanciones simbólicas ni con procesos judiciales que se diluyen en el tiempo. La reiteración de estos episodios demuestra que el castigo actual no alcanza y que la impunidad —real o percibida— sigue siendo parte del problema.

Pero el desafío no es solo penal. La magnitud y recurrencia de estos incendios obliga a repensar la arquitectura institucional con la que el país enfrenta el fuego. Los incendios forestales no respetan límites administrativos: se propagan según la topografía, el clima y la carga de combustible, no según fronteras provinciales. Persistir en una respuesta fragmentada, jurisdicción por jurisdicción, es una receta para el fracaso.

Resulta imprescindible avanzar hacia mecanismos de coordinación suprarregional, con capacidad real de prevención, monitoreo, respuesta rápida e investigación. Un organismo suprajurisdiccional especializado en incendios forestales —que agrupe a provincias y a los sectores público y privado— podría coordinar prevención, respuestas rápidas, intercambiar información científica y facilitar recursos en tiempo real cuando se detectan focos peligrosos. Su misión no debería ser solo reactiva, sino fundamentalmente preventiva, apoyando programas de manejo forestal, educación comunitaria y estrategias de reducción de combustible vegetal en zonas de riesgo.

Lo que ocurre hoy en Chubut no es un episodio aislado ni excepcional. Es una señal de alarma. El cambio climático, la sequía prolongada y la acción humana irresponsable están configurando una nueva normalidad de riesgo extremo. Frente a este escenario, la inacción, la dispersión institucional y la debilidad del castigo penal son formas de complicidad pasiva.

La Justicia debe actuar con firmeza y celeridad. La política debe anticiparse y fortalecer al Estado allí donde hoy llega tarde. Porque, si no se castiga con claridad la intencionalidad y no se construyen herramientas de cooperación eficaces, el fuego —como ya estamos viendo— volverá. Y será cada vez peor.

Organizaciones de la sociedad civil están articulando aportes concretos para atender la emergencia inmediata, entre ellos la provisión de alimentos y suministros básicos para los brigadistas que hoy combaten el fuego en condiciones extremas. La solidaridad activa sigue siendo una herramienta indispensable frente a una catástrofe que desborda capacidades locales cuando el Estado no da abasto.