El registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil en México, vigente desde el 9 de enero de 2026, nació con el objetivo de reducir delitos cometidos mediante llamadas y mensajes, como la extorsión y el fraude. Sin embargo, desde sus primeros días de operación, la medida ya encendió alertas entre especialistas que advierten un riesgo: la expansión de un mercado informal de líneas celulares “listas para usarse”.
Según un reporte de El Financiero, el nuevo esquema podría convertirse en el "caldo de cultivo" perfecto para un mercado negro de SIMs activadas, operado por terceros que aprovecharían vacíos legales y la premura con la que se implementó la regulación impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
SIMs activadas y vendidas como cualquier producto digital
Para Sergio Legorreta, abogado especializado en telecomunicaciones y socio de FisherBroyles, el escenario es previsible. Según el reporte, el experto anticipa que en los próximos meses comenzarán a aparecer anuncios de líneas móviles ya registradas, ofrecidas en plataformas tipo marketplace o incluso en redes sociales. Legorreta advirtió:
De acuerdo con El Financiero, Legorreta no descarta que este fenómeno se vuelva visible rápidamente en espacios como Facebook, donde terceros ofrecerían chips activados a quienes no puedan cumplir con los requisitos formales.
El problema, añade el especialista, no es exclusivamente criminal, señala que una parte de los usuarios que recurrirían al mercado informal lo harían por necesidad, como las personas sin identificación oficial vigente o con documentación incompleta, no porque busquen cometer delitos.
Vacíos legales y líneas sin límite
Uno de los puntos más críticos del registro, de acuerdo el reporte, es que el sistema permite a cualquier ciudadano modificar su situación fiscal para convertirse en persona física con actividades empresariales y desde ahí, contratar un volumen prácticamente ilimitado de líneas móviles.
Fue lo que explicó Legorreta al diario. Este esquema, advierte, facilita la pérdida total de trazabilidad, justo lo contrario de lo que busca el padrón. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión cerró 2025 en su máximo histórico, con un aumento de 23.1% respecto a 2019. Para los especialistas, un mercado paralelo de SIMs activadas podría alimentar directamente ese fenómeno.
Registro obligatorio y presión operativa
Desde el 9 de enero todas las nuevas líneas deben registrarse en un plazo máximo de 30 días o serán suspendidas. El registro exige identificación oficial y CURP para personas físicas, y RFC para personas morales. Las líneas activas antes de esa fecha deberán quedar vinculadas a más tardar el 30 de junio de 2026.
De acuerdo con El Economista, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida al considerarla clave en la lucha contra la extorsión y sostuvo que la protección de los datos personales es responsabilidad exclusiva de las empresas telefónicas. Según la mandataria, el gobierno no administra una base de datos centralizada y solo puede solicitar información en el marco de investigaciones formales.
Aplazar o corregir antes de que crezca el mercado negro
Como informamos antes, los operadores han pedido aplazar el registro ante fallas técnicas, costos elevados y plazos que consideran inviables. El reto aumenta, pues existen más de 158 millones de líneas en el país y para cumplir el calendario, deberían registrarse cerca de 924,000 números diarios.
Según el reporte de El Financiero, Legorreta coincide en que la solución pasa por corregir los vacíos legales y ofrecer vías alternativas de validación para usuarios sin documentos, antes de endurecer aún más los requisitos. De lo contrario, advierte, el mercado informal de líneas celulares podría crecer rápido y sin control y anular el objetivo central del registro, que es devolverle trazabilidad y seguridad a la telefonía móvil en México.
