A partir del 21 de enero, el gobierno estadounidense dejará de emitir y procesar la visa de inmigrante para individuos de 75 países diferentes. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) señaló que se trata de una medida enérgica contra solicitantes que considere que probablemente se conviertan en una carga pública en el futuro.
Luego del escándalo de fraude descubierto en Minnesota, Somalia estuvo bajo la atenta mirada del gobierno federal en reiteradas ocasiones. En el abuso masivo de programas de prestaciones sociales financiados con fondos públicos, muchos de los implicados eran somalíes o somalí-estadounidenses.
Otros países, como Sudán del Sur, están bajo escrutinio debido al contexto social que atraviesan, mientras que naciones como Brasil ingresaron en la suspensión por razones más relacionadas con la política internacional del gobierno federal.
“El DOS utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a inmigrantes potenciales que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”, manifestó el portavoz, Tommy Piggott, en un comunicado citado por Fox News.
Además, agregó que la inmigración procedente de estos 75 países se detendrá mientras el departamento reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para “evitar el ingreso de extranjeros que accedan a la asistencia social y a los beneficios públicos”.
En ese sentido, las excepciones a la suspensión serán “muy limitadas” y solo se permitirán después de que el solicitante haya superado las consideraciones de carga pública.
La definición de “carga pública” existe en los términos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense desde hace décadas. Desde su entrada en vigor, los funcionarios estuvieron habilitados a considerar inadmisibles a los solicitantes por este motivo.
No obstante, bajo el gobierno de la administración Trump se comenzó a aplicar con mayor intensidad.
De acuerdo con la información compartida por Fox News, la lista completa de países afectados por la suspensión de la emisión del documento por órdenes del gobierno de Trump incluye:
Al Cuba formar parte de la lista, los oficiales consulares deberán aplicar criterios más estrictos y evaluar los factores como la edad, salud, dominio del inglés, finanzas y la posibilidad de atención médica a largo plazo.
Asimismo, también cuentan con una medida financiera adicional que dificulta la obtención de otros tipos de visados. El 8 de enero, el DOS anunció que cualquier ciudadano que viaje con un pasaporte cubano que sea elegible para una visa B1/B2, deberá depositar una fianza de US$5000, US$10.000 o US$15.000.
Poco después de informar la noticia en sus canales oficiales, el Departamento de Estado publicó una imagen del presidente Donald Trump con una frase que apuntaba a los migrantes que ingresen de manera ilegal al país norteamericano.
“Si vienes a Estados Unidos a robar a los estadounidenses, el presidente Trump te meterá en la cárcel y te enviará de regreso al lugar de donde viniste“, describió la agencia federal en su cuenta de X.
Previo a la suspensión de los visados, el DOS había enviado a fines de noviembre del año pasado un cable a los consulados de todo el mundo donde instruía a los funcionarios a aplicar nuevas reglas de evaluación bajo la disposición legal conocida como“public charge” (carga pública).
La carga pública es una prueba para determinar si la persona que solicita la residencia permanente o una visa para EE.UU. va a depender o no de los beneficios públicos del estado.
De acuerdo con un comunicado del Immigrant Legal Resource Center, todas las personas que estén sujetas a esta prueba deben demostrar que no van a depender del estado durante su estadía en el país norteamericano.
Para pasar la prueba, un oficial de inmigración considerará diferentes factores como el ingreso familiar, la edad, la salud del solicitante, la probabilidad de que el solicitante sea empleado, y el haber recibido ciertos beneficios públicos.
En principio, Venezuela no se encuentra en el listado de los países afectados por la nueva normativa. Sin embargo, desde el 1.º. de enero, el país sudamericano mantiene una suspensión parcial de emisiones de este tipo de visados:
Asimismo, al igual que Cuba, cuenta con una medida financiera adicional de US$5000, US$10.000 o US$15.000. El monto lo decide el agente de inmigración durante la entrevista.
Un día antes de la suspensión de las visas, el Departamento de Estado informó que revocó cerca de 100 mil visas a “personas que tuvieron problemas con las autoridades estadounidenses por actividades delictivas”.
En otro mensaje en X, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, agregó que la normativa impactó en “miles de ciudadanos extranjeros acusados o condenados por delitos, como agresión, robo y conducir bajo los efectos del alcohol”.


