Delimitan pactos internacionales a la reforma electoral

Expertos y organismos internacionales mostraron su preocupación en torno a que una eventual reforma electoral impulsada por el gobierno de México y el partido en el poder pretenda socavar la integridad de las elecciones y la democracia en México.

De acuerdo el reporte, titulado “Estándares internacionales orientadores para la próxima reforma electoral en México” elaborado por el Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU Law), en colaboración con La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., el Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México, es primordial que la reforma electoral en México cumpla con ciertas obligaciones internacionales en el contexto de los avances que el país ha logrado durante décadas para fortalecer su sistema electoral y salvaguardar la democracia.

Se recordó que esta eventual reforma electoral se anunció desde agosto de 2025, tras los intentos fallidos del anterior gobierno de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de reestructurar el sistema electoral a través del “Plan A” y el “Plan B”, planteados bajo argumentos de austeridad administrativa.

Es así que se advirtió que la intención del gobierno de introducir otra reforma electoral plantea serias preocupaciones de que la nueva propuesta pretenda socavar la integridad de las elecciones y la democracia en México.

Y es que las organizaciones señalaron que “la gravedad de este escenario radica en la naturaleza histórica del sistema electoral mexicano, pues recordaron que el modelo electoral actual se construyó específicamente para poner fin a setenta años de hegemonía de un solo partido (1929–2000), durante los cuales el gobierno controlaba cada etapa del proceso de votación.

Por lo que, agregaron, fue a través de un ciclo de reformas constitucionales que México logró trasladar la administración de las elecciones del gobierno hacia autoridades electorales independientes, haciendo que “este sistema electoral, reconocido internacionalmente por su competencia y eficiencia técnica, es crucial para garantizar elecciones libres y justas y para proteger el derecho al voto”.

Convenciones

En este contexto, subrayaron que México, al ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales de observar el principio de no regresividad; asegurar la efectividad de los sistemas electorales; promover y defender la democracia representativa; garantizar el derecho al voto; garantizar el pluralismo político; asegurar la autonomía del electorado y la neutralidad del gobierno durante los procesos electorales; y garantizar la independencia y la competencia técnica de las autoridades electorales.

Asimismo, el reporte enfatiza el papel vital de las instituciones actuales, ello al destacar que el Instituto Nacional Electoral (INE) de México “ha sido fundamental para garantizar que las elecciones se lleven a cabo de manera justa y libre. Como organismo autónomo encargado de organizar, implementar y supervisar las elecciones mexicanas, es ampliamente considerado como una de las comisiones electorales más eficaces e independientes del mundo”.

Ante este escenario, los expertos y organizaciones plantearon que para asegurar que la próxima propuesta en materia electoral respete el Estado de Derecho, hay ciertos temas que tanto el Ejecutivo Federal como el Congreso deben tomar en cuenta, como lo es establecer el principio de no regresividad como el referente legislativo absoluto.

Además de preservar el sistema de representación proporcional y los límites a la sobrerrepresentación; garantizar la preeminencia del financiamiento público de las elecciones para evitar su captura por intereses económicos o ilícitos.

Así como mantener el régimen de neutralidad e imparcialidad gubernamental, particularmente las prohibiciones establecidas en el Artículo 134 de la Constitución; salvaguardar la independencia y el servicio civil de carrera basado en el mérito de las autoridades electorales.

Y fortalecer el federalismo electoral, preservando la capacidad de los Organismos Públicos Locales Electorales para organizar comicios, aunado a que se debe asegurar la expansión progresiva del voto electrónico, anticipado y en prisión.

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