La prohibición de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México entró en vigor el viernes 16 de enero de 2026, tras una reforma constitucional que busca proteger la salud pública. La medida aplica en todo el país y modifica los artículos 4° y 5° de la Constitución.
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El gobierno federal sostiene que los vapeadores representan un riesgo grave, sobre todo para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, especialistas y opositores cuestionan su diseño y advierten posibles efectos adversos.
La reforma prohíbe toda actividad comercial relacionada con vapeadores y dispositivos similares. No se penaliza el consumo personal, pero sí cualquier cadena de negocio asociada.
Quedan prohibidos:
Críticos señalan que la prohibición no elimina el consumo, sino que lo traslada al mercado ilegal. Experiencias previas muestran un aumento de productos sin control sanitario.
Principales riesgos señalados:
La iniciativa fue impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión. La oposición votó en contra y alertó sobre sus consecuencias.
El Senado, la Cámara de Diputados y los congresos estatales avalaron el cambio para elevarlo a rango constitucional.
El Congreso tiene 180 días para armonizar leyes secundarias, como la Ley General de Salud. Los estados cuentan con un año para ajustar su normativa local.
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