Reforma electoral a debate y bajo sospecha

La reforma electoral dominó ayer la conversación en los medios de comunicación y en X. Entre 23 diarios de la CDMX, 16 la llevaron a su primera plana. Ciertamente es un asunto de vital importancia, aunque las encuestas muestran que no es una exigencia social espontánea: Mitofsky y Enkoll han medido que solo el 20% de la población sigue de cerca sus detalles.

Eso no significa indiferencia total. Cuando se pregunta por el tema, entre el 49.6% (Mitofsky) y el 63% (Enkoll) consideran necesaria o urgente la reforma; el 26% opina que las reglas actuales no deberían tocarse y el 20% prefiere cambios menores. El dato es paradójico: interés limitado por el contenido, pero una disposición mayoritaria a cambiar algo, sin claridad sobre qué y para qué.

En ese terreno ambiguo, editores y columnistas políticos marcaron la línea: predominó la advertencia de una regresión democrática. El argumento central fue que la propuesta de Morena no moderniza el sistema, sino que busca acotar a las minorías y debilitar la pluralidad para facilitar su permanencia en el poder. En esa lectura se coló un apodo que se difundió en varios medios: “Ley Maduro”, etiqueta opositora que resume el temor a un diseño institucional hecho a la medida del control electoral y del poder.

El giro inesperado para Morena es la resistencia de sus aliados, el PVEM y el PT, calificada como la “rebelión en la granja”: ambos cuestionan una reforma que, irónicamente, los perjudicaría al recortar la representación proporcional que hoy les garantiza espacios. La pregunta que circula en el Congreso es fría y utilitaria: si con las reglas vigentes la coalición oficialista ya domina los tres poderes, ¿para qué arriesgarse a cambiarlas?

El pesimismo también se reflejó en las columnas políticas. En una revisión de 18 textos, 13, firmados por autores abiertamente opositores a la 4T, fueron negativos y se centraron en los riesgos de concentración de poder. Los cinco restantes, cercanos al oficialismo, mantuvieron un tono neutro y técnico, subrayando problemas de diseño y de viabilidad operativa. El balance editorial fue contundente: ninguno de los 18 defendió la reforma como un avance.

En La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma fortalece la democracia y negó cualquier intención autoritaria. Defendió abaratar las elecciones, recortar gastos y modificar las reglas de representación, sin vulnerar la autonomía del INE. Su mensaje insiste en la “simplificación” y el “ahorro”.

Los críticos, en cambio, ven otra cosa: un rediseño que reduce los contrapesos, incentiva mayorías artificiales y deja a los árbitros bajo presión política. Para unos, el problema es el propósito; para otros, la ingeniería: recortes, tiempos imposibles y una reforma constitucional empalmada con intereses partidistas.

El discurso optimista de la presidenta choca con el escepticismo político y técnico. La pregunta central no es retórica: ¿ajustarán ella y Morena su propuesta para preservar la pluralidad y los contrapesos, o apostarán por imponer una reforma disfrazada de austeridad? La primera semana de febrero se conocerá el texto final de la propuesta que llegará al Congreso. Solo entonces se sabrá si habrá correcciones de fondo o si, por ahora, la ruta elegida es la imposición.

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